La alcaldesa no entiende que el subdelegado quiera anular el acuerdo de servicios esenciales

  • La alcaldesa de Córdoba, la socialista Isabel Ambrosio, ha dicho este jueves no entender por qué razón el subdelegado del Gobierno central en Córdoba, Juan José Primo Jurado, ha pretendido anular el acuerdo que adoptó el gobierno municipal de PSOE e IU el pasado febrero sobre servicios públicos esenciales, lo cual ha rechazado hacer ahora el gobierno local, cuando resulta que el Gobierno central no ha recurrido otros acuerdos como éste, adoptados en otros ayuntamientos.
La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio
La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio
EUROPA PRESS
La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio

En este sentido y en declaraciones a los periodistas, Ambrosio ha explicado que la declaración de servicios públicos esenciales y sectores prioritarios, aprobada el pasado febrero y ahora ratificada por el Ayuntamiento ante el requerimiento del subdelegado para que se anulase, "es un mecanismo del que se habían dotado otras administraciones locales, para llevar al máximo las excasas posibilidades que tienen los ayuntamientos para disponer de recursos humanos", con los que "poder prestar sus servicios" a la ciudadanía.

En consecuencia, a la alcaldesa le llama "mucho la atención que no ha habido ese tipo de recurso contra otras administraciones locales, mientras que sí lo ha habido contra el Ayuntamiento de Córdoba" que, en cualquier caso y según ha avisado Ambrosio, va a llegar "al máximo" en la contratación de trabajadores, pues, "desgraciadamente", no dispone "de muchas más herramientas" para ello, a causa de "una normativa estatal, aprobada en solitario por el PP, que ata de pies y manos a los ayuntamientos".

Por eso, "para poder contratar, para poder tener recursos humanos con los que prestar servicios" a la ciudadanía, que son responsabilidad de los ayuntamientos y que "no les competen a otras administraciones", se recurrió a la citada declaración de servicios públicos esenciales y sectores prioritarios, que ha sido la forma de "saltar el muro" que le impedía al Consistorio cordobés intentar "prestar en las mejores condiciones sus competencias".

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