En este sentido y en declaraciones a los periodistas, Ambrosio ha explicado que la declaración de servicios públicos esenciales y sectores prioritarios, aprobada el pasado febrero y ahora ratificada por el Ayuntamiento ante el requerimiento del subdelegado para que se anulase, "es un mecanismo del que se habían dotado otras administraciones locales, para llevar al máximo las excasas posibilidades que tienen los ayuntamientos para disponer de recursos humanos", con los que "poder prestar sus servicios" a la ciudadanía.
En consecuencia, a la alcaldesa le llama "mucho la atención que no ha habido ese tipo de recurso contra otras administraciones locales, mientras que sí lo ha habido contra el Ayuntamiento de Córdoba" que, en cualquier caso y según ha avisado Ambrosio, va a llegar "al máximo" en la contratación de trabajadores, pues, "desgraciadamente", no dispone "de muchas más herramientas" para ello, a causa de "una normativa estatal, aprobada en solitario por el PP, que ata de pies y manos a los ayuntamientos".
Por eso, "para poder contratar, para poder tener recursos humanos con los que prestar servicios" a la ciudadanía, que son responsabilidad de los ayuntamientos y que "no les competen a otras administraciones", se recurrió a la citada declaración de servicios públicos esenciales y sectores prioritarios, que ha sido la forma de "saltar el muro" que le impedía al Consistorio cordobés intentar "prestar en las mejores condiciones sus competencias".
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