En una nueva vuelta de tuerca, y con el argumento de intetnar evitar un segundo intento de golpe de Estado, el Gobierno turco ha anunciado este jueves la suspensión de la Convención Europea de Derechos Humanos mientras dure el estado de emergencia que comenzó hoy, un periodo que podría ser de 40 ó 45 días, menos de los tres meses anunciados.

El Ejecutivo turco ha iniciado una campaña para prometer tanto a sus ciudadanos como a la comunidad internacional que el estado de emergencia que ha entrado en vigor este jueves, el primero desde la década de los ochenta, no significará la vuelta a una represión masiva que muchos dan ya por superada, a pesar de que casi 60.000 de personas han sido detenidas o cesadas en los últimos días por su supuesta vinculación en esta asonada. Mientras, crece la preocupación internacional ante el temor de que se trate de una operación para deshacerse de cualquier opositor y disidente.

El vicepresidente del Gobierno, Numan Kurtulmus, ha explicado que la suspensión de la Convención se hará "como en Francia", en alusión a las medidas tomadas en ese país por la declaración del estado de emergencia por los atentados terroristas de los últimos meses.

En declaraciones a los medios en Ankara, Kurtulmus dijo que el Gobierno tiene como objetivo que el estado de emergencia sólo se prolongue durante 40 o 45 días, y no los tres meses anunciados el miércoles por el presidente, Recep Tayyip Erdogan. El jefe del Estado explicó ya ayer que la declaración de emergencia busca asegurar la democracia y localizar a los responsables de la intentona golpista del pasado fin de semana.

En ese sentido, Kurtulmus ha insistido en que la declaración del estado de emergencia no significa la aplicación de la ley marcial y que los ciudadanos no se verán afectados. "El derecho de reunión y manifestación no serán cancelados. No va a ver toque de queda, no habrá ningún retroceso en los avances democráticos", afirmó el viceprimer ministro. Kurtulmus prometió que el "Parlamento estará abierto y funcionando".

El alegato del Gobierno turco, sin embargo, no convence a todos y ya ha generado no pocas dudas entre la comunidad internacional. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha expresado su "seria alarma" por la purga masiva de funcionarios públicos y ha reclamado una investigación independiente.

Un diputado del Partido Republicano del Pueblo (CHP), Sezgin Tanrikulu, ha advertido de una mayor deriva autoritaria por parte de Erdogan: "Una vez que obtienes este mandato, creas una forma de legislar que allana el camino para los abusos". En este sentido, ha recordado que tanto el Parlamento en su conjunto como los partidos de la oposición han repudiado públicamente el intento de golpe de Estado, por lo que el Gobierno podría haber optado por "métodos más contenidos" para hacer frente a la supuesta conspiración.

El Gobierno de Austria ha convocado este viernes al embajador de Turquía para pedirle explicaciones por las últimas medidas políticas adoptadas en su país, ha confirmado el ministro de Exteriores austriaco, en declaraciones a al emisora ORF.

El Consejo de Europa ha indicado este jueves que las autoridades turcas le han informado de la suspensión del Convenio Europeo de Derechos Humanos durante el estado de emergencia en el país, pero también hizo notar que hay una serie de artículos que no se pueden incumplir.

Se trata de los que se refieren al derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, la prohibición de la esclavitud y la imposibilidad de imponer un castigo que no esté contemplado por la ley, precisó el Consejo de Europa en un comunicado.

Las autoridades turcas argumentan que se acogen al artículo 15 del convenio, que prevé la "derogación en tiempos de emergencia" en circunstancias excepcionales, y de forma limitada, temporal y supervisada.

El Consejo dijo en el comunicado que es "importante mencionar que el Convenio Europeo de Derechos Humanos continuará aplicándose en Turquía".

Cuando el Gobierno turco aplique la derogación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidirá si se ajusta a los criterios previstos en el convenio, "particularmente el de proporcionalidad", observó el Consejo de Europa.