Así lo ha explicado este jueves el portavoz del Grupo, Luis Fuentes, quien en rueda de prensa ha presentado las enmiendas registradas por su formación a los proyectos de Ley del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad y el que regula las actuaciones para dar curso a las informaciones recabadas por la Junta sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública.

En referencia al primero, ha considerado que se tiene que dar "un paso más" en el planteamiento de la Junta y reducir a dos legislaturas el ejercicio del cargo de consejero de manera que la limitación no implique al departamento sino a la persona por una cuestión de "transparencia y regeneración del sistema".

"Cuando el consejero se cambia va con su equipo y se crean redes de clientelares que pueden derivar en abusos", ha advertido antes de explicar que su segunda enmienda persigue que los secretarios y directores generales sean nombrados entre empleados públicos o, excepcionalmente, personas que no ostenten esta condición, aunque tendría que defenderse ante las Cortes.

A su juicio, el tiempo de entrega de la documentación de los altos cargos tendría que limitarse a un mes, plazo "más que suficiente" para analizar las incompatibilidades como ocurre, ha añadido, en el Congreso. En este mismo ámbito, ha precisado que las incompatibilidades por asistencia a seminarios o congresos deben estipular que no perciban sueldo cuando lo hacen por razón de su cargo.

La eficacia y el servicio a la ciudadanía deberían de incorporarse como valores que guíen la función de los altos cargos junto a la objetividad, transparencia, ejemplaridad y austeridad, según Fuentes, quien ha sumado a las mencionadas enmiendas la que busca que la Comisión de Ética Pública cuente con un representante de cada uno de los grupos parlamentarios como forma de reflejar la "pluralidad de las Cortes".

APROBACIÓN EN EL PRÓXIMO PERIODO DE SESIONES

Esta ley debería aprobarse en el próximo periodo de sesiones, según el portavoz de Ciudadanos, quien ha profundizado también en las enmiendas presentadas al proyecto que regula las actuaciones para dar curso a las informaciones recabadas por la Junta sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública.

En este sentido, ha precisado que el plazo para que el Procurador del Común pueda llevar a cabo la labor inspectora es de un mes aunque prorrogable a tres en caso necesario y que los procuradores podrán tener acceso también

a los expedientes tramitados dado que el informe se reportará a las Cortes.

Asimismo, Ciudadanos buscará garantizar que tenga que demostrarse la "mala fe" en los casos en los que fuera motivación para abrir una investigación en torno a un tema que no pudiera ser probado así como reconocer la subjetividad del informante y la obligatoriedad de elaborar un informe en aquellos casos en que no exista delito pero sí un posible comportamiento contrario a la ética.

La "protección" del informante a fin de evitar que existan represalias y la "independencia" de los órganos son los aspectos "más importantes" para este Grupo Parlamentario.