Así lo ha asegurado el titular de este departamento, Francisco Martínez Arroyo, preguntado por las críticas que está recibiendo este asunto, a lo que ha respondido que "hay que hacer compatibles los espacios protegidos y la actividad económica, que fundamentalmente es agraria, con la preservación del espacio natural".

El consejero ha indicado que la Administración estaba obligada a hacer estos planes de gestión de ZEPA, que ya se tenían que haber hecho, porque hay una sentencia judicial que "obliga a hacerlos", de tal forma que se permita que siga habiendo agricultura, que siga habiendo actividad económica y que, además, se tengan en cuenta "los excelentes espacios naturales de la región".

"Esto es posible", ha asegurado Martínez Arroyo, que ha destacado que, sin actividad económica, "no hay futuro para los espacios naturales en Castilla-La Mancha", tal y como le ha trasladado a las organizaciones agrarias. "La principal especie en peligro de extinción son los agricultores, pero ellos tienen que saber que para su futuro hay que convivir agricultura y medio ambiente", ha concluido, seguro de que "entre todos los vamos a hacer".

MULTA DE LA UE A ESPAÑA

De otro lado, sobre las consecuencias para Castilla-La Mancha que tendrá la multa por el déficit excesivo que la UE ha impuesto a España, el consejero castellano-manchego ha apuntado que la Comisión "lo que ha hecho es poner encima de la mesa que el incumplimiento de déficit puede suponer una congelación de fondos comunitarios", por lo que "hay que ser prudentes".

En su opinión, "no hay otra solución que el Gobierno de España negocie unas buenas condiciones con la UE para que España no se vea afectada por este tipo de sanciones", una negociación -ha agregado- que debe hacer el Ejecutivo central pero ante la que en Castilla-La Mancha van a "estar alerta".

"No podemos permitirnos una congelación de fondos europeos que, de alguna manera, mermaría nuestro desarrollo inminente", ha apuntado, convencido de que el Gobierno de España "tiene que buscar una solución".