En Valladolid existen unos 9.000 trabajadores sin contrato laboral, según los cálculos de UGT, a los que hay que añadir los extranjeros que llegan a la provincia y engordan las cifras del empleo sumergido.

Para impedir este incremento, el Gobierno ha ordenado a las inspecciones de trabajo que persigan en el último trimestre del año a los empresarios que empleen de forma irregular, según confirmó a 20 minutos el responsable de este órgano en Valladolid, Fernando Montes.

Para llevar a cabo esta campaña especial, se realizará una planificación que atacará los sectores más conflictivos, agricultura y empleadas de hogar.

De enero a junio

Esta labor de la Inspección, que se redoblará desde el 1 de octubre, es ya habitual.

Por ejemplo, de enero a julio se han realizado 155 actuaciones relacionadas con trabajadores inmigrantes, en las que se detectaron 77 empresas merecedoras de ser sancionadas.

El mismo número de trabajadores resultó afectado (77) y la cuantía total de las multas superó los 550.000 euros, lo que supone una media de 7.200 euros por infracción.

Hay que tener en cuenta que la sanción mínima por emplear de forma ilegal a un extranjero supera los 6.000 euros.

Según los datos de los seis primeros meses de 2007 y con una campaña especial a la vuelta de la esquina, es previsible que se superen las cifras de 2006, donde se detectaron 133 irregularidades.

Los sindicatos siempre han insistido en la necesidad de reforzar la labor de la inspección para acabar con la economía sumergida.

El temor de numerosos colectivos que trabajan con extranjeros y de los sindicatos es que la situación que se ha detectado en Castilla-La Mancha durante la vendimia se repita en las próximas semanas en Castilla y León, ya que aquí va con retraso.

En la comunidad manchega, muchos grupos de inmigrantes se han plantado en las bodegas para las que han trabajado de forma irregular. Además, han tenido que dormir en el campo como han podido.