Rivero, que participa en la sede de la UNIA en La Rábida (Huelva) en el seminario 'La reforma de las leyes de procedimiento y régimen jurídico de las Administraciones Públicas', ha defendido que aunque en la administración electrónica cobren más importancia los tecnólogos y los informáticos, los juristas deben estar presentes para velar que este cambio a la administración electrónica no suponga un menoscabo de derechos para los ciudadanos.

A modo de ejemplo, Rivero ha citado que la limitación de caracteres de un formulario electrónico pueda privar al ciudadano de escribir todo lo que éste desee durante un trámite administrativo. En su opinión, la comunicación telemática debe servir para que los trámites tengan mayor agilidad y seguridad para los usuarios.

Según el director del curso, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, Estanislao Arana, la reforma legal de las administraciones públicas tiene como fin hacer el procedimiento más ágil y efectivo.

En este curso se ha traído a colación las Leyes 39 y 40/2015, que son las que modifican sustancialmente las administraciones públicas y su funcionamiento recogido en la antigua ley 30/1992, para explicar en como afecta esta reforma la relación de la administración con las personas y la relación entre una entidad administrativa con otras entidades del mismo tipo. Para ello, Arana ha recalcado que se han traído a prestigiosos profesionales de gran reconocimiento en el Derecho Administrativo procedentes de las mejores universidades nacionales.