La Policía Nacional ha detenido en Alicante a cuatro personas acusadas de haber estafado más de 300.000 euros mediante fraudes vinculados a la multipropiedad y de los que fueron víctimas, principalmente, ciudadanos de la Unión Europea. Los perjudicados por esta trama eran los titulares de los derechos de multipropiedad de bienes inmobiliarios en las Islas Canarias.

La banda de estafadores estaba compuesta por cuatro personas, de nacionalidades francesa, belga y alemana, que han sido detenidas y puestas a disposición judicial.

Los presuntos estafadores contactaban con las víctimas a través de una empresa ficticia ubicada en Marruecos, les decían que pertenecían a una falsa notaría radicada en la capital alicantina y les ofrecían comprar sus derechos de multipropiedad, según un comunicado de la Policía Nacional. Por el momento han sido esclarecidos 15 hechos delictivos relacionados con este asunto.

Las investigaciones comenzaron en septiembre de 2015, cuando varios ciudadanos de la UE recibieron una comunicación por vía telefónica de una supuesta sociedad radicada en Marruecos en la que se les hacía saber el interés por la compra de unos derechos de multipropiedad de los que eran titulares en las Islas Canarias.

Con posterioridad, y ante las suculentas ofertas presentadas por estos derechos, las víctimas viajaban a Marruecos donde formalizaban los contratos de venta de los citados bienes inmobiliarios.

En esas negociaciones, la parte que gestionaba la supuesta operación pedía a las víctimas diversas cantidades de dinero para hacer frente a diferentes conceptos derivados de la transacción, pagos por cambio de moneda y otros importes para tramitaciones y que serían devueltos en la futura venta.

Semanas más tarde, los perjudicados volvían a recibir una comunicación de la misma sociedad en la que se les indicaba que ya se había efectuado la venta y que las cantidades habían sido depositadas en una cuenta bancaria de la que era titular la mercantil marroquí. También recibían un correo electrónico desde la notaría ficticia que les conminaba al pago de diferentes cantidades de impuestos.

Estas cifras fueron satisfechas por la totalidad de los perjudicados, ya que creían que era un requisito necesario para enajenar totalmente su propiedad y, con ello, recibir el dinero depositado en la cuenta bancaria de la sociedad marroquí.

Cuando las víctimas efectuaban esos ingresos e intentaban percibir su dinero por la venta supuestamente materializada se daban cuenta que todo había sido un engaño.