La Fiscalía Superior de Cataluña ha desestimado los recursos de apelación del ex president Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consellera Irene Rigau contra la instrucción de la causa del 9-N en la que mantiene la acusación contra ellos por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación, aunque deja a un lado los posibles delitos de malversación de caudales públicos.

Por ello, la Fiscalía no pedirá finalmente penas de cárcel para los tres acusados pero sí penas de inhabilitación, aún por determinar, por desobediencia y prevaricación.

Los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled consideran que Mas, Ortega y Rigau no deben responder al delito de malversación porque la contratación de todos los servicios del 9-N fue anterior a la suspensión del Tribunal Constitucional.

La fiscalía considera en su escrito que "pretendieron aparentar que el proceso quedaba exclusivamente en manos de los ciudadanos voluntarios, cuando en realidad no fue así". Y añade que "sin los medios de la administración autonómica utilizados antes pero también, y especialmente, después de la suspensión cautelar" la consulta no habría sido posible.