El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunitat en el conocido como 'Caso Imelsa', ha decidido abrir tres piezas separadas más, una de ellas por la adjudicación del Call Center dependiente de Imelsa a Servimun para presuntamente favorecer a quien era entonces suegro del exgerente de la empresa pública, Marcos Benavent. En esta pieza ha decidido investigar al expresidente de la Diputación, el 'popular' Alfonso Rus y a otras 11 personas.

A los 12 investigados se les imputa -investiga, según la actual terminología de la Lecrim- por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación pública, cohecho y falsedad documental. A ocho de ellos se les tomará declaración los días 12 y 16 de septiembre. Rus comparecerá ante el juez este último día.

Este viernes se ha conocido que el juez instructor ha abierto tres nuevas piezas separadas -la del Call Center, una sobre contratos de la Concejalía de Cultura de restauración de monumentos y la Mostra y una tercera de la que no se ha especificado el contenido por el momento. Asimismo, ha acordado prorrogar el secreto de sumario sobre dos de ellas y sobre la pieza principal en tanto que aún no se ha concluido el volcado del material informático intervenido por la Guardia Civil en los distintos registros.

De este modo, el caso Imelsa queda estructurado en una pieza principal en la que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunitat Valenciana, y cinco piezas separadas: las tres constituidas ahora, que se suman a las ya formadas con anterioridad: una, sobre blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia, recientemente ampliada al delito electoral, y otra, por las contrataciones ficticias de trabajadores en Imelsa.

"INTERMEDIARIO CONNIVENTE"

Por lo que respecta a la pieza relacionada con el servicio de atención multicanal a los contribuyentes, conocido como Call Center, de lo investigado hasta ahora, el instructor concluye que hay indicios de que tal adjudicación "pudo ser decidida" por el entonces presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, con la intención de favorecer al responsable de dicha empresa. En ese proceso, señala el auto, actuó como "intermediario connivente" el suegro del entonces gerente de Imelsa, Marcos Benavent, el autodenominado 'yonki del dinero' que ha colaborado en la investigación.

En esa nueva pieza están investigados, además de Rus y Benavent,

otras diez personas, entre las que figuran el diputado provincial delegado de Empresas Públicas, el director del área jurídica de Imelsa, el jefe de sección de la oficina de gestión tributaria, el jefe de unidad de procesos masivos tributarios, el jefe de sección de evaluación y planificación, el director financiero de Imelsa y el jefe de servicio de gestión tributaria.

El titular de Instrucción 18 les imputa delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación pública, cohecho y falsedad documental.

La investigación, según recoge el auto, apunta a que el expresidente de la Diputación habría contado con la "colaboración" del que fuera Jefe de Evaluación y Planificación de la Corporación Provincial para manipular el proceso de adjudicación "vulnerando el principio de imparcialidad que debe regir la contratación pública".

Las supuestas irregularidades afectan no sólo a la "presunta adjudicación ilícita" del Call Center sino al "eventual incumplimiento" por parte de la empresa adjudicataria, Servimun, de las obligaciones estipuladas en el contrato por si tal incumplimiento "hubiera supuesto un daño o perjuicio patrimonial" al erario público. En esta pieza separada se investigan también facturas pagadas por Imelsa derivadas de contratos accesorios suscritos con varias empresas.

Por otro lado, el juez ha acordado investigar también en una pieza separada del resto de la causa las supuestas irregularidades en los contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia para la restauración del patrimonio histórico monumental y las adjudicaciones para la celebración de la XVII Mostra de Valencia en 2006. Sobre esta pieza se alzará el secreto próximamente, cuando se incorpore al expediente copia de todos los documentos que ahora forman parte de la pieza principal.

Sobre la tercera pieza separada, el magistrado acuerda mantener el secreto "atendiendo a la naturaleza de los hechos". En la resolución, notificada hoy a las partes, el juez hace extensiva la prórroga del secreto hasta el 14 de agosto a la pieza principal para "no comprometer el resultado de la investigación que se está llevando a cabo mediante el análisis de la información recogida tanto en la documentación escrita como en los dispositivos informáticos intervenidos".

El magistrado explica que la información acumulada es muy "voluminosa", que afecta a "multiplicidad de hechos" en un "prolongado periodo de tiempo" y a un "gran número de personas", circunstancias, todas ellas, que condicionan el ritmo en el análisis documental sobre ciertas partes de la investigación.

CIEGSA

En la misma resolución, el titular de Instrucción 18 avanza la posibilidad de que próximamente forme dos nuevas piezas separadas para investigar contrataciones de personal tanto en Imelsa como en Ciegsa, empresa pública dependiente de la Conselleria de Educación, piezas sobre las que también se alzaría el secreto una vez constituidas.

El caso Imelsa se estructura en una pieza principal en la que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunitat Valenciana y cinco piezas separadas: las tres constituidas ahora, que se suman a las ya formadas con anterioridad: una, sobre blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia, recientemente ampliada al delito electoral, y otra, por las contrataciones ficticias de trabajadores en Imelsa.