En rueda de prensa, Torrico ha opinado que, después de que la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía ha abierto un expediente de información reservada sobre las ayudas concedidas a la Fundación Guadalquivir Futuro y a la entidad Jóvenes de Córdoba hacia el Futuro, en el marco de las subvenciones de los Programas Emple@30+ y Emple@Joven, "el Consejo de Gobierno debería cesar inmediatamente a Rafi Crespín, ya que no es capaz de estar de acuerdo con los criterios del Gobierno al que representa".

El parlamentario popular también ha vuelto a exigir, igual que hizo NN.GG, "el cese de Cristian Menacho al frente de Juventudes Socialistas en Córdoba capital", añadiendo Torrico que, "a pesar de que cada día conocemos más datos relacionados con el supuesto cobro de donativos en estas dos fundaciones, incluso que Jóvenes hacia el Futuro tiene que devolver 25.000 euros por haber incumplido algunas de las cláusulas de un proyecto de 2014, Juan Pablo Durán (secretario general del PSOE de Córdoba) sigue sin decir ni una sola palabra al respecto".

Junto a ello, el diputado regional del PP también ha solicitado al consejero de Empleo "que aporte una relación de todo el dinero que estas dos fundaciones han recibido durante los últimos años", pues los populares quieren "saber qué responsabilidad tiene Isabel Ambrosio (alcaldesa de Córdoba), ya que fue delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba, en la concesión de las ayudas y si estas ayudas estaban sometidas al mismo régimen denunciado".

LEY DE SERVICIOS SOCIALES

Por otro lado, Torrico ha afirmado que la Ley de Servicios Sociales de Andalucía es "necesaria, pero llega tarde e impuesta por el PSOE, ya que ha hecho caso omiso a las más de 2.000 aportaciones presentadas por partidos políticos y agentes sociales".

Para el PP, esta ley "no establece los servicios sociales como un derecho de primera, sino como de segunda; no asegura la suficiente financiación y vuelca gran parte de su desarrollo en los ayuntamientos, cargando a la Administración local con lo que es 100% competencia autonómica".

Además, la nueva ley "no cuenta con un mapa de servicios sociales y no establece el catálogo de servicios ni el plan estratégico de servicios sociales de Andalucía que se necesita", de forma que, "todas estas carencias hacen que la nueva Ley no sirva para cumplir sus objetivos", según ha concluido Torrico.