El exalcalde de Villaverde del Río (Sevilla) Santiago Jiménez Torres (La Voz de Villaverde) se ha referido este viernes a la denuncia que le ha presentado la Fiscalía por la contratación de un arquitecto para el Ayuntamiento "pese a que no existía tal puesto" en la relación de los existentes y ha aseverado que la misma tiene su origen en una "cacería política intolerable" por parte del PSOE.

En declaraciones a Europa Press, el ex primer edil y actual concejal en el Ayuntamiento de Villaverde del Río ha subrayado que el caso parte de la denuncia presentada por un abogado "contratado por el PSOE a través del Ayuntamiento para denunciar y perseguir a la oposición política".

En este sentido, ha señalado que, "igual que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha usado los recursos y medios del Ministerio para investigar y perseguir a la oposición", los dirigentes del PSOE en el Ayuntamiento de Villaverde "han utilizado los recursos públicos para perseguir a sus opositores políticos".

"Se trata de una denuncia expresa del PSOE, que ha usado para ello a un abogado al cual paga el pueblo", ha manifestado Santiago Jiménez, quien ha querido dejar claro que lo que se discute es "una contratación temporal y ocasional de seis meses, no una plaza", sobre la que además existió "publicidad, convocatoria, concurrencia y baremación, además de cobertura presupuestaria".

Por ello, el exalcalde ha negado que "se haya prescindido de ningún procedimiento" en dicha contratación, subrayando que "lo que hay es una denuncia política de una empresa privada al servicio de los dirigentes del PSOE en el Ayuntamiento de Villaverde, que usan los recursos públicos" para ello.

A su juicio, se está produciendo "una caza política intolerable" por parte del PSOE, punto en el que ha recordado "los miles de contratos" realizados durante su mandato como alcalde en el Ayuntamiento y que nunca han sido cuestionados.

LA DENUNCIA

La Fiscalía de Sevilla ha denunciado al exalcalde de Villaverde del Río por "obviar" la legalidad vigente y contratar a un arquitecto para el Ayuntamiento "pese a que no existía tal puesto" en la relación de los existentes en el Consistorio, "sin proponer su existencia" al pleno municipal y "pese a que el Ayuntamiento carecía de presupuesto para el abono de sus emolumentos".

El fiscal relata que fue el día 19 de febrero de 2015 cuando el ex primer edil suscribió un contrato de trabajo temporal con M.C.C., quien desarrollaría labores de arquitecto técnico en el grupo profesional de urbanista, siendo la jornada de trabajo de 37,5 horas semanales y la duración del contrato "hasta fin de necesidades".

Este contrato, según la Fiscalía, fue modificado el 17 de julio de 2015 en el sentido de que los trabajos que pasaba a desarrollar esta persona "iban a ser de una categoría superior, en concreto de arquitecto superior", aunque dicha modificación "no pudo inscribirse" en la Tesorería General de la Seguridad Social "por defectos formales".

El representante del Ministerio Público asevera que el contrato fue suscrito por el exalcalde "pese a que no existió previa propuesta" al pleno municipal "ni tampoco informe del interventor municipal para la previa aprobación de dicho puesto de trabajo".

A todo ello se suma que, para la cobertura de la plaza que iba a ocupar, "no existió una previa convocatoria de empleo público al que hubieran podido acudir distintos aspirantes y así poderse valorar los principios de igualdad, mérito y capacidad", unos requisitos "inexcusables para cubrir una plaza de tales características, salvo supuestos de nombramientos de asesores o puestos de confianza de la alcaldía, lo que no era el caso".

"VOLUNTAD PARTICULAR"

En este sentido, indica que el puesto de trabajo que iba a ocupar M.C.C. "no estaba en la relación de los existentes" en el Ayuntamiento "ni existía cobertura presupuestaria para el abono de los emolumentos por las tareas desempeñadas", de manera que, "en realidad, la razón para contratarlo fue, al parecer, la relación de un proyecto de obra" para el Centro de Educación Permanente y Talleres Ocupacionales, así como el proyecto básico de ejecución y estudio básico de Seguridad Social, Salud y Dirección de Obra.

El arquitecto fue despedido en virtud de decreto del nuevo alcalde de fecha 18 de enero de 2016, dice el fiscal, que entiende que los hechos podrían ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación administrativa, ya que el exalcalde, "obviando la legalidad vigente y para hacer efectiva su voluntad particular por encima de cualquier otro criterio formal o jurídico", contrató a dicho arquitecto "pese a que no existía tal puesto en la relación de los existentes" en el Ayuntamiento.

El Ministerio Público pide al juez instructor la incoación de diligencias previas "en averiguación de los hechos" y que tome declaración como investigado al exalcalde y como testigos al arquitecto contratado, a la secretaria municipal y al denunciante.