Según han conformado a Europa Press fuentes del caso, el acto de ratificación del informe estaba previsto para este viernes, habiendo sido aplazado por el juzgado a petición del letrado de uno de los investigados.

En el escrito dirigido al juzgado encargado de las diligencias previas por esta causa, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado en cuestión solicita que se suspenda la declaración del inspector jefe y se fije una nueva fecha, toda vez que la ampliación del informe supone "nueva y copiosa documentación administrativa".

Señala que fue notificado a esa parte el pasado 12 de julio, lo que, unido a "la complejidad de la causa", hace "imposible" un estudio adecuado de la nueva documentación para poder interesar las declaraciones que fueran procedentes.

Por ello, ha solicitado un aplazamiento para poder ejercer una defensa efectiva de los derechos de su representado, lo que ha sido atendido por el juzgado que debe fijar ahora una nueva fecha.

Como se recordará, el 'caso Alumbrado' investiga las presuntas irregularidades cometidas en el concurso de contratación del alumbrado público del año 2008 en la capital gaditana. Así, se habrían alterado los baremos de asignación de las puntuaciones en perjuicio de la empresa con mejor oferta, y beneficiando a la empresa con la que habían estado desarrollando el servicio tras ganar sucesivamente los concursos de adjudicación del servicio público de alumbrado público.

Los investigados son dos funcionarios públicos del Ayuntamiento de Cádiz, tres responsables de sociedades mercantiles y el propio denunciante de los hechos, que es extrabajador de una empresa de alumbrado.

La investigación policial encargada por el juzgado revelaba, entre otras cuestiones, que se produjeron conciertos de intereses entre las personas vinculadas a la contratación de los servicios y el por aquel entonces director del Departamento de Tráfico y Alumbrado Público y Protección Civil del Ayuntamiento de Cádiz, donde se negociaban las ofertas económicas que debían presentar las empresas en los contratos públicos gestionadas por el citado departamento.

De esta forma, supuestamente se conseguía que finalmente resultase adjudicataria la empresa pactada por la realización de las obras y/o servicios con la licitación económica previamente acordada.