Fuentes del caso han confirmado este extremo a Europa Press señalando que, tal y como adelantan varios medios de comunicación, la principal novedad del informe ampliado es que propone al juzgado que se investigue al concejal del PP en el Ayuntamiento de Cádiz José Blas Fernández -responsable de Hacienda y Patrimonio en el momento de los hechos investigados-, por si hubiera podido incurrir en un delito de omisión del deber de perseguir delitos.

Según las citadas fuentes, el inspector jefe se basa para ello en la documentación obtenida y en el testimonio de un responsable de una de las empresas que supuestamente se beneficiaron de los contratos presuntamente irregulares, quien afirmó haber advertido al edil 'popular' de las presuntas irregularidades sin que éste hubiera hecho nada al respecto.

POSIBLES ACCIONES LEGALES DEL PP

A raíz de las informaciones relativas al informe ampliado del inspector jefe del DECO, el Grupo Popular del Ayuntamiento de Cádiz ha recordado que fue precisamente José Blas Fernández quien "llevó a la Fiscalía en tres ocasiones -dos en 2009 y una en 2015- el expediente administrativo de concurso convocado para la adjudicación del contrato del servicio de alumbrado público y la denuncia de posibles irregularidades de las que informaban dos de los implicados en el caso".

En este sentido, el PP "lamenta profundamente" en un comunicado que los responsables policiales "no contrasten la declaración de un investigado con la documentación que obra en los juzgados", y sobre todo que "no llamen a José Blas Fernández para corroborar si había puesto en conocimiento o no de las autoridades esas presuntas irregularidades denunciadas".

Asimismo, tacha de "imprudencia" que desde la unidad policial "se insinúe que no se había dado conocimiento a la autoridad judicial" de los hechos que se investigan en este procedimiento.

Por ello, el Grupo Municipal del PP ha asegurado que José Blas Fernández tiene "todo el apoyo" para "emprender las acciones legales que estime oportunas contra aquellos que, por dejación de su deber o por mala fe, intenten menoscabar su buen nombre".

EL CASO

Como se recordará, el 'caso Alumbrado' investiga las presuntas irregularidades cometidas en el concurso de contratación del alumbrado público del año 2008 en la capital gaditana. Así, se habrían alterado los baremos de asignación de las puntuaciones "en perjuicio de la empresa con mejor oferta, y beneficiando a la empresa con la que habían estado desarrollando el servicio tras ganar sucesivamente los concursos de adjudicación del servicio público de alumbrado público".

Así lo indicaba en una nota la Policía Nacional el pasado 12 de enero, cuando informaba de que había finalizado la investigación por este caso con la imputación de seis personas por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y falsedad documental.

Los investigados son dos funcionarios públicos del Ayuntamiento de Cádiz, tres responsables de sociedades mercantiles y el propio denunciante de los hechos, que es extrabajador de una empresa de alumbrado.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz encomendó en julio de 2011 la investigación a la Policía Nacional, cuyos informes preliminares determinaron indicios delictivos en las actuaciones de los investigados. En octubre del año 2014 el juzgado ordenó la continuidad de la investigación, haciéndose cargo de la misma el Grupo de Delincuencia Económica de la Comisaría Provincial de Cádiz.

Así, se realizaron gestiones tendentes a determinar si se alteraron de manera intencional los baremos de asignación de las puntuaciones otorgadas en el concurso, con el consiguiente perjuicio para la empresa que debiera haber sido legalmente la adjudicataria y para el propio Consistorio, al haberse contratado servicios por "unos precios superiores a los que resultarían de aplicar la regla original", así como si se hubiesen cometido otros ilícitos penales conexos con los hechos denunciados.

La investigación revelaba, además, que se produjeron conciertos de intereses entre las personas vinculadas a la contratación de los servicios y el por aquel entonces director del Departamento de Tráfico y Alumbrado Público y Protección Civil del Ayuntamiento de Cádiz, donde se negociaban las ofertas económicas que debían presentar las empresas en los contratos públicos gestionadas por el citado departamento.

De esta forma, según detallaba la Policía, se conseguía que finalmente resultase adjudicataria la empresa pactada por la realización de las obras y/o servicios con la licitación económica previamente acordada.