Estas son las principales conclusiones de la comparecencia este jueves del presidente del Consejo Consultivo en la Comisión de Investigación sobre la tramitación del HUBU en la que ha aprovechado la ocasión para sugerir que alguien cuantifique económicamente los "cientos de millones de euros" que se ha ahorrado la Administración con los fallos favorables a sus intereses ante las diversas reclamaciones de la concesionaria por discrepancias en la interpretación de algunos aspectos del contrato.

"No me corresponde a mi porque ni puedo ni debo pero les animo a que lo hagan", ha añadido Amilia en esa sugerencia que ha sido asumida por el portavoz del PP en esta Comisión, Ángel Ibáñez, que ha recogido el guante y ha abogado por cuantificar el "ahorro" que ha supuesto para la Administración regional esos pronunciamientos

a su favor y "en defensa del interés público".

Amilia ha sido contundente también al negar cualquier tipo de complacencia de la Junta con la concesionaria del HUBU para recordar, además, que las discrepancias entre las partes no han sido "meramente formales" sino que "se han llevado hasta el límite" con una sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a favor de la Administración en lo concerniente al reequilibrio económico financiero del contrato por más equipamiento por la mayor obra.

El presidente del Consejo Consultivo se ha reafirmado también en el "riesgo y ventura" asumido por la concesionaria a través del contrato de concesión de obra pública firmado por la Junta y ha augurado "más controversias interpretativas", con el ejemplo de la decisión de no ampliar el periodo de explotación del HUBU tras la modificación del contrato que demoró las obras previstas inicialmente en 42 meses.

Sin entrar a valorar las razones por las que no hubo una sanción para la empresa que, de no haberse modificado el contrato, no hubiera entregado el hospital a tiempo, como ha recordado el portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, de IU, Amilivia se ha reafirmado en que ese cambio propuesto por la Administración sí redujo el plazo de la concesión y de la explotación, por lo que la Junta se ahorró 22 y 61 millones de euros por ambos conceptos.

CASO "MUY COMPLEJO Y EXTENSO"

Amilivia ha aclarado que el contrato de obra pública que sustenta al HUBU es una forma de financiación en la que se confiere el protagonismo principal al capital privado "bajo tutela y control de la Administración" y ha admitido también que se trata de un caso "muy complejo y extenso -141 folios, más 8 anexos con otros 29- que contiene expedientes "muy voluminosos" e informes económico financieros "muy técnicos y amplios",

lo que ha derivado en esa litigiosidad entre las partes "de no fácil respuesta".

En este punto, ha significado también que en todos los pronunciamientos de los tribunales para resolver esas controversias entre la Junta, en defensa del interés general, según sus palabras, y la empresa privada, en defensa de sus "legítimas" aspiraciones, se ha confirmado la adecuación a derecho de los actos interpretativos y de las modificaciones adoptadas por la Administración de acuerdo con los dictámenes, todos ellos "unánimes", del órgano que preside y que, según ha recordado, es independiente y plural.

A preguntas de la procuradora de Podemos, Laura Domínguez, Amilivia ha asegurado que el Consultivo contó con todo el expediente ya que, de haber considerado que era insuficiente, habría tenido capacidad para suspender los procedimientos y pedir más información, como hace en otros casos, ha asegurado.

Según ha explicado, ante las controversias entre las partes el Consultivo ha seguido en todo momento la doctrina consolidada del Tribunal Supremo y, ante el carácter "eminentemente técnico" y la "profusa argumentación" de los informes consideró que debían prevalecer los de la Administración por "presunción de objetividad y de garantía de interés general", al estar emitidos por empleados públicos, frente al "carácter parcial" de los informes emitidos a instancia de la concesionaria. En este punto, ha reivindicado las "garantías jurídicas" de unos "dictámenes muy completo" que se hicieron "tras muchas reuniones".

Amilivia, que ha puesto el foco en todo momento en la inversión neta ofertada -conocida como INITO- para determinar la preceptividad del dictamen del Consultivo en las modificaciones que afectaron a la ejecución de la obra del HUBU, ha asegurado que en esos casos siempre se cumplió con la obligación de solicitar del dictamen de este órgano colegiado, uno por un incremento de las obras superior al 20 por ciento del importe inicial, como mandaba la ley entonces vigente, y en el resto ante la oposición de la concesionaria.

El presidente del Consejo Consultivo ha cifrado es presupuesto inicial de licitación de las obras en 242 millones de euros (IVA incluido) y, en respuesta al procurador de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, ha admitido un incremento final del 49 por ciento. Según ha concluido, todos los procedimientos tramitados para proceder a la modificación del contrato se ajustaron al ordenamiento jurídico y cumplieron los requisitos exigidos, entre ellos la existencia de un "interés público claro, patente e indubitado", junto a nuevas necesidades o causas técnicas imprevistas "debidamente justificadas", a lo que ha sumado que en ningún caso hubo una alteración sustancial del contrato, que hubiera motivado una nueva licitación.

La principal crítica de Ciudadanos ha sido al escaso margen de maniobra del Consultivo que tuvo que dar "por sentado" el interés público de la modificación de unas obras que se iniciaron en 2009 cuando la petición del informe llegó en 2010 por lo que ha concluido que la función de este órgano colegiado fue la de "rellenar" el expediente para "justificar cosas peregrinas", como la construcción del helipuerto o la conexión con el Divino Valles que "ni se ha hecho ni consta que se haga".

En el mismo sentido se ha pronunciado Laura Domínguez quien, tras advertir de que el contrato da "demasiadas garantías" a la concesionaria y de una "interpretación laxa" de la ley, ha dudado del interés público y de la justificación de nuevas necesidades, como las del cuarto modificado que llevaron a un nuevo reequilibrio de 2018 millones por, entre otros, el coste de explotación del parking.

Por su parte, Mercedes Martín ha ironizado sobre el "valor fundamental" que han dado los dictámenes del Consultivo al proceso, hasta el punto de asegurar que, de no haber existido, se tendría que haber inventado para llevar a cabo el HUBU, para insistir en el sobrecoste que ha supuesto a su juicio una concesión que ha pasado de 1.010 millones a 1.667.

Finalmente, Sarrión ha echado en falta un estudio detallado de si las reformas merecían el "enorme gasto" que iba a suponer el cambio de la obra que derivó en 90 millones de euros gastados "en algo que no se usó".