En la denuncia, fechada el pasado 20 de junio y a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público señala que, además, el exalcalde de Villaverde del Río llevó a cabo la contratación "sin proponer su existencia" al pleno municipal y "pese a que el Ayuntamiento carecía de presupuesto para el abono de sus emolumentos".

El fiscal relata que fue el día 19 de febrero de 2015 cuando el ex primer edil suscribió un contrato de trabajo temporal con M.C.C., quien desarrollaría labores de arquitecto técnico en el grupo profesional de urbanista, siendo la jornada de trabajo de 37,5 horas semanales y la duración del contrato "hasta fin de necesidades".

Este contrato, según la Fiscalía, fue modificado el 17 de julio de 2015 en el sentido de que los trabajos que pasaba a desarrollar esta persona "iban a ser de una categoría superior, en concreto de arquitecto superior", aunque dicha modificación "no pudo inscribirse" en la Tesorería General de la Seguridad Social "por defectos formales".

El representante del Ministerio Público asevera que el contrato fue suscrito por el exalcalde "pese a que no existió previa propuesta" al pleno municipal "ni tampoco informe del interventor municipal para la previa aprobación de dicho puesto de trabajo".

A todo ello se suma que, para la cobertura de la plaza que iba a ocupar, "no existió una previa convocatoria de empleo público al que hubieran podido acudir distintos aspirantes y así poderse valorar los principios de igualdad, mérito y capacidad", unos requisitos "inexcusables para cubrir una plaza de tales características, salvo supuestos de nombramientos de asesores o puestos de confianza de la alcaldía, lo que no era el caso".

"VOLUNTAD PARTICULAR"

En este sentido, indica que el puesto de trabajo que iba a ocupar M.C.C. "no estaba en la relación de los existentes" en el Ayuntamiento "ni existía cobertura presupuestaria para el abono de los emolumentos por las tareas desempeñadas", de manera que, "en realidad, la razón para contratarlo fue, al parecer, la relación de un proyecto de obra" para el Centro de Educación Permanente y Talleres Ocupacionales, así como el proyecto básico de ejecución y estudio básico de Seguridad Social, Salud y Dirección de Obra.

El arquitecto fue despedido en virtud de decreto del nuevo alcalde de fecha 18 de enero de 2016, dice el fiscal, que entiende que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa, ya que el exalcalde, "obviando la legalidad vigente y para hacer efectiva su voluntad particular por encima de cualquier otro criterio formal o jurídico", contrató a dicho arquitecto "pese a que no existía tal puesto en la relación de los existentes" en el Ayuntamiento.

El Ministerio Público pide al juez instructor que tome declaración como investigado al exalcalde y como testigos al arquitecto contratado y a la secretaria municipal.