El Parlament balear ha aprobado este miércoles con "gran consenso" la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que tiene como principal objetivo buscar recursos para garantizar la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos y la no discriminación por razón de sexo.

Para el debate en plenario los grupos han mantenido vivas hasta 43 enmiendas que habiendo sido defendidas en comisión, no han sido incorporadas al dictamen de la proposición de ley. Así, 20 pertenecían a PP, cinco a El PI y 18 al Grupo Mixto-Ciudadanos (C's).

Asimismo, una de las principales novedades que introduce esta normativa es que se tipifica el impago de las pensiones de alimento como "violencia económica".

La nueva normativa se ha aprobado en el primero de los cuatro plenos extraordinarios que se celebran esta mañana, tras un debate en el que los representantes de todos los grupos han destacado el amplio consenso alcanzado durante su tramitación.

Una de las escenas más emotivas ha sido cuando todos los parlamentarios han escenificado su alegría por la consecución de esta Ley, al ponerse en pie y aplaudir dicha aprobación.

La consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, ha explicado que la ley tiene la voluntad de favorecer el asociacionismo y dedica un capítulo "especial" a la lucha contra la violencia de género.

Desde la oposición, la diputada el PP Sandra Fernández ha agradecido que su grupo "haya podido aportar sus ideas y sensibilidad" en una ley que, ha vaticinado, "perdurará en el tiempo" dado que ha sido "muy debatida y consensuada".

Desde Més per Mallorca, la diputada Margalida Capellá, ha afirmado que hoy es un "día alegre" y ha constatado que "sin igualdad real no hay ni habrá nunca avances sociales", como se refleja en la brecha salarial actual que es del 19%. "Más igualdad significa menos privilegios para los hombres", ha indicado.

Por su parte, la parlamentaria socialista Silvia Cano ha remarcado que se trata de una norma "ambiciosa", y ha recalcado que "estamos ante una situación de emergencia social", como demuestran las tres mujeres asesinadas en la Comunidad balear y una quemada viva en que llevamos en lo que va de año.

RODRÍGUEZ SALE A RELUCIR EN EL DEBATE

El momento tenso del debate ha tenido lugar cuando la diputada de Podemos Marta Maicas se ha referido a "un prostíbulo que se habría de forma exclusiva para cargos públicos, todo esto orquestado por Rodríguez, según el sumario", ha afirmado.

"Por tanto", ha añadido Maicas, "el PP de Palma tiene que dar explicaciones", en alusión a la actual portavoz de la formación en Cort, Marga Durán.

En el turno de réplica la diputada del PP no ha querido entrar en esas críticas y se ha limitado a decir que "no piensa contribuir a desviar la atención sobre un debate tan importante como es la Ley de Iguadad entre Hombre y Mujeres".

DECLARACIONES POLÉMICAS

En su intervención, Maicas ha criticado también las polémicas declaraciones del presidente de la Asociación de Padres de Familia Separados, Jorge Skibinsky, -sobre el hombre que quemó a su pareja en Alcúdia tras rociarle con gasolina el pasado día 29 de junio- y ha mostrado su "enérgica condena" ante unas manifestaciones que "ponen en peligro la vida de las mujeres", ya que lo único que hacen, ha remarcado, es "desinformar".

CONTENIDO DE LA LEY

La Ley de Igualdad aprobada este miércoles obliga a cumplir criterios de paridad en cada consellera del Govern y además de tipificar el impago de las pensiones como violencia económica, lo identifica como uno de los seis tipos de violencia machista que define la ley.

Con esta ley, se considera que hay violencia cuando no se pague la pensión de alimentos de forma voluntaria y como forma de seguir controlando y maltratando económicamente a la mujer.

La norma reconoce a las víctimas de esta violencia económica el derecho a acceder a las mismas ayudas y prestaciones que las víctimas de agresiones físicas o psicológicas.

Este derecho lo garantizará también la renta social, que posibilita que las mujeres que denuncien el impago de la pensión de alimentos puedan ser beneficiarias de la prestación.

Otra medida que prevé la ley es la obligatoriedad de las administraciones de disponer de recursos suficientes para atender a las víctimas de violencia machista, y fija un mínimo por criterios poblacionales.

Así, tiene que haber, como mínimo, una plaza en un centro de acogida para cada 3.500 mujeres, y un centro de atención y asistencia psicológica por cada 100.000 mujeres, distribuidos en las cuatro islas.

El proyecto de ley incluye medidas para promover la igualdad de género no solo en todas las administraciones públicas, sino también en las entidades privadas que suscriban contratos o convenios de colaboración o sean beneficiarias de ayudas y subvenciones.

Así, por ejemplo, no se podrán conceder subvenciones, becas o ayudas a los solicitantes sancionados o condenados por haber ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género.

Entre las medidas que afectan a las administraciones destacan, por ejemplo, la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas de los poderes públicos para valorar su impacto en la situación de las mujeres y de los hombres como colectivo.

El informe de impacto de género también se hará extensivo a los anteproyectos de presupuestos. También se obliga a las administraciones a aprobar planes de igualdad.

El proyecto de ley tiene incidencia en ámbitos como el educativo, en el que se establece la necesidad de garantizar que en los centros se pongan en marcha proyectos coeducativos, que fomenten la construcción de las relaciones igualitarias de las mujeres y los hombres sobre la base de criterios de igualdad.

En este sentido, se tendrá que garantizar que en todos los centros haya una persona responsable de la coeducación. También afecta a ámbitos como el acceso al empleo, donde se incentivará la contratación estable y el ascenso a niveles superiores de las mujeres o se fijará que el SOIB no pueda tramitar ninguna oferta de empleo que pueda ser discriminatoria por razón de sexo. También se favorecerá la consecución de planes de igualdad en las empresas y se fomentará la inclusión de cláusulas destinadas a promover y garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de sexo en la negociación colectiva.

Con esta normativa, el Govern pretende "ir más allá de una declaración de intenciones", dado que fija por ley derechos y obligaciones en materia de igualdad, tanto en la Administración pública como en entidades privadas. La ley se enmarca en el cumplimiento de los acuerdos de gobernabilidad del ejecutivo.

Por otra parte, el texto define, por primera vez, las competencias de cada institución balear en este ámbito; establece y define las competencias que deben tener todas las instituciones en materia de igualdad; fija prohibiciones y sanciones que van desde los 3.000 euros hasta los 90.000 por infringir la normativa en materia de igualdad de oportunidades, e incluye la creación de nuevas figuras como el Observatorio de la Igualdad o el defensor de la Igualdad de Mujeres y Hombres.

La ley consta de 88 artículos, distribuidos en seis títulos.