El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la concejal de Medio Ambiente, María Sánchez, han comparecido este miércoles para detallar la decisión adoptada que ha contado con el respaldo "unánime" tanto de PSOE como de Valladolid Toma la Palabra, así como de los concejales de Sí se Puede, una decisión "política" refrendada por distintos informes técnicos que avalan que la gestión pública es la más rentable para los vecinos de la ciudad.

De este modo, a partir de julio de 2017, fecha en la que concluye la concesión del servicio a Agualid, el servicio pasará a ser gestionado por una empresa pública que subrogará a los 150 empleados que pasarán a ser interinos, ya que se contempla como valor añadido su "gran experiencia" en la red -en muchos casos llevan más de 20 años dedicados al servicio-. La subrogación de estos empleados supondrá un gasto de 5,5 millones de euros anuales.

Esta fórmula garantiza además superar el déficit en el mantenimiento de 96,7 millones de euros acumulados por Aguas de Valladolid y posibilitará invertir "más y mejor" al tratarse de una gestión directa. "El cambio de modelo supone un esfuerzo económico asumible sin comprometer otros procesos, podemos hacerlo bien", ha aseverado María Sánchez, quien ha avanzado que la renovación esencial de la red podría concluir en dos años.

De este modo, ha explicado que según las previsiones económicas analizadas en 15 años se podrá capitalizar los 178 millones de euros en inversiones sin necesidad de recurrir al endeudamiento aunque sí mediante distintas fórmulas de financiación permitidas para este tipo de empresas municipales.

Para arrancar este servicio será necesaria una inversión inicial de ocho millones de euros, una cuantía inferior a la que se requerían en cualquiera de las otras fórmulas analizadas, ya que en el caso de haber optado por una sociedad mixta la inversión necesaria para iniciar el proceso sería de 9,1 millones.

En cuanto a las tarifas del servicio Sánchez ha asegurado que se pondrá en marcha una nueva ordenanza fiscal que tenga en cuenta la situación económica de las familias y el consumo 'per capita' y no por hogar como se realizaba hasta este momento, además de incluir el carácter de "progresividad" en el pago del servicio.

En este punto ha explicado que en los últimos 20 años en los que la gestión ha estado en manos de Aguas de Valladolid las tarifas han sufrido incrementos del 36 por ciento "sin inversiones en mantenimiento", mientras que con la nueva fórmula el Ayuntamiento prevé un incremento de tarifas del 12 por ciento en los próximos 15 años de forma "gradual" y con arreglo a lo que finalmente se establezca en la ordenanza fiscal.

María Sánchez ha detallado que la empresa municipal en este caso también era la opción más beneficiosa para los ciudadanos, ya que en el caso de una sociedad pública el incremento era del 13,2 por ciento, mientras que de haber optado por una sociedad mixta se elevaba al 27,82 por ciento y llegaba hasta el 33,9 por ciento en el caso de concesión, pues en estos últimos dos supuestos también se debería tener en cuenta los beneficios requeridos para la empresa.

El alcalde de Valladolid ha insistido en que la decisión finalmente adoptada y que será debatida en Pleno requiere posteriormente la elaboración de los estatutos de esta empresa pública, unos trabajos que se realizarán con el tiempo suficiente para que el servicio esté en manos municipales en julio del próximo año.

No obstante, ha confiado en el comportamiento "cabal" de la empresa que dejará de prestar el servicio en julio del próximo año en beneficio de ambas partes, ya que, como ha asegurado, será necesario "externalizar" algunos servicios, para lo que se tendrá en cuenta la experiencia de Aguas de Valladolid.

"Hoy es un día histórico", ha asegurado Óscar Puente, quien ha recordado que los dos partidos que forman parte del Equipo de Gobierno municipal llevaban en sus programas electorales la remunicipalización de la gestión del agua, algo que no se hubiera llevado a cabo si los informes técnicos no hubieran avalado que era "posible y rentable".

Puente ha defendido que en el Ayuntamiento se ha llevado a cabo un trabajo "profundo" para conocer el servicio y la situación de la plantilla y tras analizar todas las opciones posibles. "Tras este análisis nos hemos dado cuenta de que estábamos en lo cierto y que nuestro planteamiento es responsable", ha aseverado.

De este modo, el alcalde ha insistido en que con la fórmula adoptada los beneficios, en torno a 9 millones de euros anuales, se reinvertirán en el mantenimiento y renovación de la red para garantizar el servicio, ya que se trata de una decisión pensada para "generaciones futuras".

"Nosotros no necesitamos beneficios, el beneficio es social", ha concluido María Sánchez.

Finalmente, Óscar Puente ha afeado la petición del Grupo Popular de consultar esta decisión a los ciudadanos y ha recordado que cuando se decidió privatizar el servicio hace 19 años no se tuvo en cuenta la posición de los vecinos que llegaron a presentar 32.000 firmas en contra de la decisión.

Además, tanto Puente como Sánchez, han considerado que no se trata de una decisión "sorpresiva", ya que ambas formaciones tenían entre sus objetivos la recuperación de la gestión del agua para su "control público".