Los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León han tenido "permanentemente" el expediente del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) encima de la mesa para detectar cualquier incumplimiento o irregularidad, según lo ha defendido su máximo responsable, Ignacio Sáez.

El director general de los Servicios Jurídicos, quien ha comparecido este miércoles en la comisión de Investigación de las Cortes, ha defendido que los servicios jurídicos han estado de manera permanente con el expediente del HUBU sobre la mesa así como el ajuste a la legalidad del procedimiento llevado a cabo en lo que a su labor se refiere.

Sáez ha recordado que han sido diez las resoluciones judiciales contrarias a la empresa concesionaria, lo que a su juicio pone de manifiesto que no se han admitido todas sus pretensiones -"de ahí que se haya acudido tanto a los tribunales"-, tras lo que ha señalado que en tres ocasiones la concesionaria recurrió decisiones de la Gerencia.

En este sentido, ha incidido en que la concesionaria se mostró reticente a hacerse cargo de determinadas cantidades, aunque esas irregularidades se han solventado y los tribunales han dictado las correspondientes resoluciones.

Asimismo y a preguntas de la procuradora socialista en la Comisión, Mercedes Martín, el responsable de los Servicios Jurídicos ha negado que se hayan fijado desde la Consejería de la Presidencia directrices sobre cómo debían actuar los letrados o establecido "criterios e instrucciones a cumplir".

Sáez, quien ha ceñido sus respuestas a la legislación sobre contratación de las administraciones públicas y a las actuaciones de los servicios jurídicos a lo largo de todo el procedimiento de contratación, modificación e incluso en el ámbito judicial, ha ensalzado, a preguntas de Martín, la resolución del Tribunal de Cuentas (fruto de una denuncia presentada por el PSOE) en la que el Ministerio Fiscal defendía el cumplimiento de todos los requisitos en la tramitación de las modificaciones.

SIN PETICIÓN DE INFORME PARA RESOLVER EL CONTRATO

Asimismo y en relación a la pregunta de la procuradora socialista sobre una posible petición de informe por parte de la Junta para resolver el contrato con la concesionaria por sus incumplimientos "vistos los antecedentes desde 2005", Sáez ha afirmado que no le consta tal petición aunque previamente había insistido en que los problemas y requerimientos surgidos son "normales" en el desenvolvimiento de los contratos.

El jefe de los Servicios Jurídicos, quien ha aclarado al procurador del Grupo Mixto José Sarrión que la Junta no les informaba de los retrasos que supondrían el incumplimiento del pliego porque no les tiene que informar -"la Junta interviene y acude a nosotros cuando hay dudas"-, se ha referido también al aval de Cylsopa tras la pregunta formulada por la procuradora de Podemos Laura Domínguez, quien ha cuestionado si esa decisión cumple con los requisitos de competencia.

En este punto y después de que Domínguez trasladara sus dudas a propósito de otras cuestiones como si las modificaciones del contrato respondían al interés público, Ignacio Sáez ha explicado que existe un informe específico de su departamento a propósito del aval de Cylsopa que da respuesta a varias cuestiones. "La Junta lo único que hace es autorizar un aval", ha precisado.

Manuel Mitadiel, del grupo parlamentario de Ciudadanos, ha preguntado por las modificaciones experimentadas por el proyecto a lo largo del proceso, tema sobre el que existen dos informes de la Administración y el Consejo Consultivo sobre su ajuste a la legalidad, mientras que Ángel Ibáñez, del Grupo Popular, ha defendido los "criterios legales" que han sustentado el proceso de fiscalización.

"Nos permite tener tranquilidad desde ese punto de vista", ha manifestado antes de aseverar que, tras las explicaciones ofrecidas, las consideraciones sobre las irregularidades quedan "cortadas de raíz".