PNV y PSE-EE han alcanzado un principio de acuerdo para la aprobación de la Ley de Víctimas de abusos policiales entre 1978 y 1999,que incluye la incorporación de enmiendas socialistas para "dotar de mayor seguridad juridica" a la ley, según ha informado el PSE-EE en un comunicado.

En concreto, los socialistas han acordado con el PNV proponer en la ponencia de este jueves un "principio de acuerdo" con varias "mejoras al texto original" y la intención es intentar "ampliar el consenso con otros grupos".

Las enmiendas presentadas por los socialistas, según ha explicado el PSE, conseguirá dotar de "mayor seguridad jurídica" a la Ley que pretende reconocer y reparar a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos "en un contexto de violencia de motivación política".

El PSE-EE ha subrayado que el PNV y el Gobierno han aceptado que el proyecto original "suscitaba dudas" que había que solventar "para no generar frustraciones a los posibles beneficiarios".

El portavoz de Derechos Humanos, Patxi Elola, ha asegurado que, tanto el Gobierno como el PNV, "han entendido el mensaje que venimos repitiendo de manera insistente en esta materia: que hacía falta consenso y rigor en algo tan sensible como procurar la reparación de personas que han sufrido injustamente por abusos de poder o por indefensión como consecuencia de actuaciones de funcionarios públicos que no se corresponden con los criterios de dignidad de las personas ni con los principios del Estado de Derecho".

En este sentido, ha precisado que el Ejecutivo de Urkullu les ha comunicado que están dispuestos "a aceptar o transar la mayoría de las 31 enmiendas socialistas que buscaban esa seguridad", y que "así lo defenderá el PNV en la ponencia que se reúne este jueves y en el debate final de la ley el 28 de julio".

Estas modificaciones afectan al título de la Ley, que toma la misma denominación del decreto vigente para las víctimas durante el franquismo, adaptándose a la época de la democracia hasta 1999, año de prescripción de los casos que se pudieran presentar, "a fin de no interferir en cualquier actuación judicial pendiente".

De esta forma, tanto en el título como en el resto de la ley se eliminan todas las alusiones referidas a la "represión ilícita", puesto que, según precisa el PSE-EE, hay vulneraciones de derechos a los que se refiere la ley que "no obedecen a represión ilícita en sí, sino a actuaciones policiales con origen lícito (detenciones de sospechosos en

la comisión de delitos,

disolución de manifestaciones ilegales o donde se producían actos de exaltación del terrorismo) que hayan derivado en usos ilícitos de poder o violencia".

SIN INTERFERENCIAS EN LA JUSTICIA

Los socialistas han precisado que, a partir de esa acotación, se refuerza la obligación institucional de "reparar a quienes se han visto desprotegidos durante la democracia en contra de lo que establece la Constitución". Asimismo, según han destacado, se evita "cualquier redacción que pudiera dar a entender una comparación entre víctimas de terrorismo y de abusos policiales" y "se afinan" expresiones para que no sean interpretadas bajo la "teoría del conflicto".

El PSE-EE ha añadido que, en el texto final se respeta la propuesta del Gobierno sobre los casos de vulneraciones a los que se refiere la Ley, pero se explicita mejor el artículo 2.6, dejando claro que "quedan expresamente excluidas de la aplicación de esta ley las personas que resultaran fallecidas o heridas durante la manipulación de armas o explosivos con el fin de desarrollar alguna actividad violenta, incluso cuando con dichas actuaciones lo que se pretenda sea repeler o evitar actuaciones legítimas de las fuerzas y cuerpos de seguridad".

Además, en la parte dispositiva también se corrige la redacción original en relación al derecho a la Justicia, derecho que tienen las víctimas pero que "no puede ser satisfecho desde las competencias autonómicas". Por ello se reconduce esta cuestión hacia la colaboración con los tribunales para que las víctimas "puedan acceder a la información que permita conocer la verdad de los hechos".

COMISIÓN DE VALORACIÓN

En cuanto a la Comisión de Valoración, se reformula su composición, atendiendo a las sugerencias realizadas por varios de los comparecientes en Comisión, y se admite la propuesta socialista para que el Gobierno vasco regule por decreto los procedimientos para abordar los distintos supuestos que se le presenten en las solicitudes de reconocimiento de la condición de víctima, "a fin de que las resoluciones administrativas que adopte la Comisión de Valoración tengan plena seguridad jurídica".

Patxi Elola ha reconocido el esfuerzo final del Gobierno, "el que no ha realizado a lo largo de esta legislatura", y espera que lo complete con otros grupos "que compartían las mismas inquietudes".

"Los socialistas ya anunciamos que no íbamos a bloquear esta Ley, porque tenemos un compromiso nítido con la reparación institucional a quienes han padecido sufrimientos injustos. Fuimos nosotros quienes comenzamos esta tarea con el decreto aprobado la pasada legislatura para los casos que se produjeron en la dictadura. Y admitimos entonces la necesidad de abordar los casos que se hubieran producido en democracia. Todavía queda mucho trabajo en lo referido a las víctimas, y los socialistas seguiremos esforzándonos en cada tarea pendiente", ha concluido.