En el resumen ejecutivo del informe que dicho grupo de expertos ha elaborado, después de meses de trabajo, el mismo considera que la comunidad debe exigir "multilateralidad" en las negociaciones del modelo de financiación y "transparencia" en las comisiones bilaterales que se constituyan.

De igual modo, apuesta por que la región reclame un sistema de nivelación "plena" de "todos" los servicios públicos transferidos; así como por que se incorporen aquellas variables de "necesidad" y "pesos" que aproximen la población "ajustada" a la "unidad de necesidad real".

El informe, facilitado por la Asamblea de Extremadura y recogido por Europa Press, entiende también que la financiación actual de la comunidad debe entenderse como "mínima"; y apunta que con recursos "adicionales suficientes", incluso con criterios de distribución "específicos" para algunos servicios (población ajustada), "puede alcanzarse la actual financiación garantizada" de la región.

Defiende, también, que la comunidad reivindique la "necesidad" de "recursos adicionales" que le permitan "cofinanciar" programas de la Unión Europea que, "verdaderamente, contribuyan a mejorar la convergencia de las regiones menos desarrolladas".

El grupo de expertos concluye, además, que la región debe reclamar "con fuerza" la "importancia" del Fondo de Compensación Interterritorial, "como instrumento idóneo para acceder a recursos que, hasta ahora, se han incorporado dentro del modelo de financiación y que, sin embargo, no han aportado ventajas significativas a la región".

Al respecto, defiende que se incrementen las dotaciones de dicho fondo, "al ser el medio adecuado con el que corregir los desequilibrios interterritoriales".

PRINCIPIOS

También apunta que los principios "constitucionales y legales" en materia de financiación autonómica que "deben" ser respetados son, en concreto, "autonomía financiera, coordinación con la Hacienda estatal, solidaridad financiera, y prohibición de privilegios económicos o sociales, y de implantación de barreras fiscales".

Asimismo, defiende el "respeto del equilibrio económico, de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y consecución de un desarrollo armónico en todo el territorio español"; además de la "garantía de un nivel base equivalente de financiación de los servicios públicos fundamentales"; la "corresponsabilidad fiscal"; la "suficiencia de recursos"; y la "lealtad institucional".

De igual manera, considera "fundamental" que Extremadura "deje de figurar" entre las regiones con financiación por habitante "ajustado muy superior a la media"; y entiende que por ello "debería intentar pactar un incremento sustancial de la financiación actual, que se materialice a través del fondo que se distribuya en función de las variables que componen la población ajustada, que se materialice a través de la diferenciación de poblaciones ajustadas para servicios públicos fundamentales y no fundamentales".

También, el grupo de expertos indica que la "nivelación" de los servicios públicos "fundamentales" (sanidad, educación y servicios sociales) debe constituir un "mínimo irrenunciable" para Extremadura, aunque reconoce que "también existen argumentos jurídicos y económicos para apoyar la nivelación plena de todos los servicios transferidos".

Asimismo, apunta que la "ordinalidad" debe entenderse como "garantía" de que "ninguna" comunidad, después de la nivelación, disponga de "menos" recursos garantizados por unidad de necesidad que otra, lo que vendrá determinado -añade- por el "acuerdo de financiación que se alcance".

De igual modo, señala que "avanzar" hacia un sistema en el que la financiación garantizada dependa de la capacidad fiscal de los territorios resulta "especialmente perjudicial" para aquellas comunidades autónomas con menores niveles de renta y riqueza por unidad de necesidad, y añade que "Extremadura representa un caso extremo" de esta situación.