El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció este martes que recaudará 6.000 millones más en base al impuesto de sociedades (que grava los beneficios de empresas, sociedades y fundaciones) para poder cumplir con el objetivo de déficit de 2017 y evitar así la multa de la Comisión Europea por incumplir el programa de estabilidad.

Aunque la medida solo puede ser aplicada por un gabinete con plenos poderes, ya que necesita de un cambio legal, según admitió De Guindos, el Ejecutivo en funciones hipotecará así el futuro del próximo gobierno.

Esta solución es solo la última de una serie de acciones que han puesto en cuestión los límites de lo que puede o debe hacer un Ejecutivo de transición.

Cuatro son los preceptos que regulan esta situación. El primero es el artículo 101.2 de la Constitución, que establece que el Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gabinete.

El segundo es la ley 50/1997, que limita las competencias al "despacho ordinario de los asuntos públicos" con la excepción de aquellos "casos de urgencia" o de "interés general" debidamente acreditados.

El tercero y el cuarto son las sentencias del Tribunal Supremo 20 de septiembre y 2 de diciembre de 2005. Ambas, controvertidas en su redacción final (suscitaron media docena de votos particulares), establecieron que un Gobierno interino no podía adoptar resoluciones "políticas" ni condicionar con su actuación la capacidad de maniobra de su sucesor. Los propios juristas, sin embargo, no terminan de ponerse de acuerdo acerca de qué actos entran en esta categoría, por lo que la decisión última queda al albur del control judicial.

"Devolver del 50% de la paga extra de 2012 a los funcionarios, la prórroga de la ayuda de 400 euros a los parados o la revisión de los planes hidrológicos, que afectan a un recurso vital como es el agua, pueden ser cuestiones de interés general. Recortar 2.000 millones en el presupuesto o alargar 60 años la concesión de una planta en la ría de Vigo, bajar y subir impuestos o recurrir decisiones al Tribunal Constitucional, no. Son medidas políticas y, en algunos casos, un ejercicio de electoralismo que afecta a futuro", opina David Ortega, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos.

"La legislación permite un margen ancho de actuación porque se pensó para situaciones transitorias, en las que no habría actividad exhaustiva, pero este Gobierno puede estar hasta 9 meses en funciones", añade Eduardo Vírgala, catedrático de la Universidad del País Vasco.

Vírgala cree el problema actual no es tanto de ausencia de normativa, como de "prudencia política". La solución, a su juicio, no pasa tanto por la "hiperregulación" o por atar de pies y manos al próximo Ejecutivo, sino por obligar al Gobierno en funciones a someterse al control del Parlamento. La fórmula es sencilla, pues bastaría con reformar la ley 50/1997 y el reglamento del Congreso para establecer las condiciones y límites de este control. "Basta la mayoría simple en la Cámara para hacerlo", apunta el experto.

De estar vigente, esta fórmula habría obligado al PP a dar explicaciones por su apoyo a los planes de la UE para deportar a los refugiados a Turquía -en contra de la postura que todos los grupos parlamentarios pactaron en el Congreso- o por el recurso de inconstitucionalidad presentado contra los gobiernos de Castilla-La Mancha (PSOE) y País Vasco (PNV) para impedir el regreso de la jornada laboral de 35 horas a los funcionarios.

"Un Gobierno controlado por una Cámara que no lo ha elegido puede ser una anomalía, pero un Gobierno que no se somete a control alguno va en contra del parlamentarismo. Limitar la acción no es tan necesario como obligar a rendir cuentas. La esencia de la democracia reside en la separación y el control de los poderes", concluye David Ortega.

8 de enero > El Gobierno aprueba la revisión tardía de 16 planes hidrológicos. De no haberlo hecho, España habría perdido el derecho a las ayudas comunitarias para desarrollarlos.

25 de enero > Ampliación hasta 2073 de la concesión de la papelera Ence en la ría de Vigo. El Ministerio de Agricultura lo justifica en el mantenimiento de los 800 puestos de trabajo directos y los 5.000 indirectos que genera la factoría.

15 de febrero > Prórroga automática del Plan Prepara hasta agosto de 2016. La medida, dedicada a parados de larga duración sin ingresos, implica ayudas de hasta 450 euros mensuales.

16 de marzo > El Congreso aprueba la posición común sobre la crisis de los refugiados pactada por los partidos con representación en el Congreso. Rajoy apoyaría después las deportaciones a Turquía en contra de este criterio.

15 de abril > El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anuncia un recorte de 2.000 millones en los Presupuestos Generales del Estado de 2016, equivalente a dos décimas de PIB, para recortar el déficit público.

19 de abril > El sindicato CSIF anuncia que Hacienda ha confirmado la devolución del 50% restante de la paga extra que se suspendió a los funcionarios en 2012, en el marco de la primera oleada de recortes del Gobierno de Rajoy.

22 de abril > El Gobierno lleva al Constitucional la ley sobre igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la ley sobre actividad de gobiernos locales y el impuesto sobre las viviendas vacías.

3 de mayo > El Tribunal Constitucional acepta el recurso del Ejecutivo contra la decisión de las comunidades de País Vasco y Castilla La-Mancha de reimplantar la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios (en lugar de las 37,5 impuestas en 2012 por el PP).

6 de mayo > El BOE publica la orden ministerial por la que el Ministerio de Hacienda rebaja los índices de rendimiento neto aplicables en el IRPF a las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por sequías, inundaciones o incendios, entre otras.

12 de julio > De Guindos promete a Europa que recaudará 6.000 millones más en impuestos para cumplir con el déficit.