En concreto, el representante de la empresa promotora de estos trabajos, también acusado, pidió ante el juez la nulidad de la resolución judicial, dictada el 20 de febrero de 2015, y el magistrado determinó que esto debía resolverse como cuestión previa al inicio del juicio para no dilatar más el procedimiento.

El tribunal de la Sección Primera, sin embargo, ha rechazado esa decisión y ha instado al instructor a resolver "en debida forma" la nulidad planteada.

En concreto, en el marco de esta causa la Fiscalía considera a Kühn autor de un delito contra la ordenación del territorio y otro contra los recursos naturales y el medio ambiente, al realizar de forma supuestamente ilegal, entre 2007 y 2008, trabajos de reforma en un chalet que había adquirido previamente y que se encuentra ubicada sobre terreno protegido.

Del mismo modo, solicita otros dos años de prisión para el representante de la empresa que ejecutó las obras, Guido Hecker. El juez abrió juicio oral contra ambos acusados, mientras que archivó las pesquisas para el arquitecto a quien se consideraba autor del proyecto, Eugenio F.C., al no haber quedado acreditado este extremo.

El juez decretó asimismo para ambos inculpados, a petición de la Fiscalía, una fianza civil de 10.000 euros a fin de garantizar las responsabilidades pecuniarias que se deriven de esta causa, así como el pago otros 10.000 euros para cubrir los gastos de la demolición de lo ilegalmente construido.

En concreto, el chalet está situado sobre un solar catalogado como Área Natural de Especial Interés (ANEI), lo que le otorga un alto nivel de protección. Fue en septiembre de 2006 cuando la mercantil Isla de Tagomago S.L., propietaria del inmueble, otorgó contrato de arrendamiento del chalet en favor de Kühn, quien un año y medio después encargó el proyecto de reforma interior del edificio.

De este modo, tal y como relata la Fiscalía en su escrito de acusación, el empresario alemán promovió una serie de obras que fueron encomendadas a Hecker como representante legal de la mercantil Nova Llar, Obres i Construccions.

Más en concreto, las obras consistieron en la pavimentación de unos 470 metros cuadrados en zonas adyacentes de la vivienda, donde antes sólo había campo; la construcción de un muro de cemento de nueve metros de longitud y tres de altura; el levantamiento de un camino de piedra y cemento; la ampliación de la altura en tres filas de bloques de hormigón de una edificación destinada a proteger grupos electrógenos y almacenamiento de combustible; la creación de un camino empedrado de unos 80 metros de longitud, y la construcción en la zona del puerto del islote de una caseta de piedra y cemento.

Los trabajos fueron realizados sin estar amparados por ningún tipo de licencia, como tampoco pueden ser legalizados, lo que provocó además que, sin ningún tipo de autorización, produjesen movimientos de tierra con la consiguiente extracción de áridos y retirada de la cubierta vegetal y del suelo en una profundidad de hasta 30 centímetros en dos lomas de 1.400 metros cuadrados.

La acusación incide en que todas las actuaciones se llevaron a cabo sin tener en cuenta lo dispuesto en la Ley para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), que establece que la Conselleria de Medio Ambiente debe informar preceptivamente, antes de su ejecución, sobre cualquier plan o proyecto que pueda afectar a la gestión de un lugar de la Xarxa Natura 2000. El juez desestimó en su día la petición de archivo efectuada por Kühn.

Cabe destacar que el islote de Tagomago es una zona que, además de ANEI, está catalagoda como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA), y forma parte de la Xarxa Natura 2000 al estar considerado un espacio con "el máximo nivel de protección medioambiental según la normativa comunitaria".