Fueron concedidas en 1993 y 1994 a varias empresas. A pesar del tiempo transcurrido, las diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya nunca han dado a conocer el nombre de las empresas a las que concedieron las denominadas «vacaciones fiscales». Estas ayudas consistían en eximir de pagar el impuesto de sociedades durante diez años consecutivos a empresas creadas en esos dos años si cumplían unas condiciones concretas.

Ayer, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por estas ayudas, y confirmó la obligación de recuperar ese dinero. Esta misma exigencia la hizo la Comisión Europea en 2001, pero el Gobierno central hizo caso omiso, y no exigió ninguna devolución a las empresas.

En aquel momento, la Comisión recurrió al Tribunal europeo y ayer este órgano hizo saber su veredicto.

Esta disputa con Bruselas comenzó en 1999, cuando la Comisión Europea comenzó a investigar ayudas fiscales de las diputaciones vascas para impulsar la implantación de empresas en los tres territorios.