Ayer, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por estas ayudas, y confirmó la obligación de recuperar ese dinero. Esta misma exigencia la hizo la Comisión Europea en 2001, pero el Gobierno central hizo caso omiso, y no exigió ninguna devolución a las empresas.
En aquel momento, la Comisión recurrió al Tribunal europeo y ayer este órgano hizo saber su veredicto.
Esta disputa con Bruselas comenzó en 1999, cuando la Comisión Europea comenzó a investigar ayudas fiscales de las diputaciones vascas para impulsar la implantación de empresas en los tres territorios.
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