Hacienda Nagueles
El hecho de que el Plan acoja la vivienda no significa que sea legal. Gomez

Más de 70 comunidades de propietarios de Marbella ya se han sumado a la creada Plataforma de Ciudadanos Afectados por el PGOU, a fin de unir fuerzas y conseguir frenar los objetivos que plantea el Plan, los cuales no sólo afectan a las 50.000 personas cuyas viviendas no son contempladas, sino que además, chantajea al resto de propietarios que desean regularizar las suyas.

El Plan afecta a 50.000 vecinos, cuyas vecinas no están contempladas.

Muchas de estas comunidades ya han contratado los servicios de abogados a fin de presentar alegaciones al Plan. No obstante, inciden en la necesidad de sumarse, cuantas más mejor, en torno a la Plataforma a fin de llegar hasta el fin, y evitar que el proceso de compensaciones para regularizar sus viviendas recaiga sobre ellos, sobre los propietarios y no sobre los promotores.

Los vecinos, que se consideran terceros perjudicados, se oponen a la decisión de la Junta de Andalucía de que sean los propietarios de las viviendas los que asuman compensar al Ayuntamiento de Marbella con indemnizaciones económicas o la cesión de terrenos -los cuales deberían adquirir o ceder de las zonas verdes de su urbanización, en caso de que no hacerlo los promotores.

Nadie nos advirtió y ahora, la Junta considera que mi casa es ilegal.

Uno de los afectados y miembro de la Plataforma, Julio Cossio, reiteró ante los medios de comunicación que los vecinos son los que siempre han ido por el lado de la legalidad.

En su momento, se habla de viviendas que se adquirieron hasta hace una década, se cumplieron todos los pasos que marca la Ley para adquirir la propiedad: firma ante notario, pago de impuestos, tramites hipotecarios, inscripción en el registro de la propiedad e incluso hasta la fecha, pago de tributos como el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) y en todo ese proceso, "nadie nos advirtió", ni siquiera en el registro de la propiedad había nota alguna que informara sobre el estado de la propiedad. "Y ahora, después de todo este tiempo, la Junta considera que mi casa es ilegal", expresa indignado, al tiempo que subraya que no piensa pagar más dinero de lo que ya pagó en su día por comprarla.

Esperarán a que se estudien las alegaciones por parte de la comisión mixta, de las que formará parte el Ayuntamiento de Marbella, para adoptar medidas como la presentación de querellas ante el Tribunal Supremo o de Estrasburgo, en defensa de los derechos del consumidor.

Los vecinos están convencidos de que denunciar a los promotores es una pérdida de tiempo

Sobre la propuesta de la Junta de Andalucía de que las comunidades de propietarios denuncien a las promotoras, los vecinos están convencidos de que la medida es una "pérdida de tiempo" y que es propuesta por el Gobierno andaluz "para despistar".

Además, a los miembros de la Plataforma ya les consta que existen muchas denuncias presentadas contra las promotoras por parte de comunidades.

Finalmente, han citado algunas de las "barbaridades" que a su juicio recoge el PGOU. Un documento que no tiene en cuenta para nada la realidad de Marbella y que, en su opinión, se ha realizado desde Sevilla. Entre esos ejemplos, se encuentra el Edificio Independencia en Miraflores, cuyos propietarios deben según su área de reparto aportar 396 m2 de un edificio habitado y consolidado en Calle Mediterráneo.

Las Terrazas de Marina Marbella, además de aportar una parte de su terreno, debe obtener 11.093 m2 de Banana Beach que esta habitado y consolidado.

Los vecinos del edificio de correos en Jacinto Benavente deben adquirir 4.624 m2 del terreno de la gasolinera Siebla. Una situación que se repite con casi todas las construcciones asentadas en Marbella durante los últimos quince años.

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