Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) entregado al juez instructor del 'caso Imelsa' apunta que los ingresos investigados en una cuenta "sin fiscalizar" del grupo 'popular' en el Ayuntamiento de Valencia y anotados por la exsecretaria del PP local María del Carmen García-Fuster coinciden en el tiempo con los presuntos amaños de contratos públicos investigados en la pieza principal.

Concretamente, esta práctica comenzó en el año 2006 y las aportaciones coinciden "en gran medida" con los periodos electorales, según se desprende de un informe de la Guardia Civil sobre el presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal 'popular' que se investiga en una pieza separada de Imelsa y al que ha tenido acceso Europa Press.

El informe se refiere al exgerente de la empresa pública y autodenominado 'yonki del dinero', Marcos Benavent, y dice: "No habiendo sido el ámbito local el escenario principal en el que desarrolló sus cometidos, sí que intervino en sus inicios cobrando comisiones, y lo hizo durante una serie de años en relación a determinadas adjudicaciones en el marco de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia y la organización de la Mostra -de cine- del año 2006".

Añade que sobre estos dos aspectos se están elaborando informes específicos en los que "se evidenciaría que la práctica del cobro de comisiones (...) también habría estado implementada a nivel local, en el ámbito del Ayuntamiento de Valencia" y continúa: "La fecha en la que se detectan las primeras anotaciones contables realizadas por García-Fuster bajo la denominación 'CyA' coincide con el periodo temporal en el que se produjeron los amaños de concursos públicos precitados". García-Fuster explicó que esas anotaciones obedecían a entregas de 'Colaboradores' y 'Allegados'.

BLANQUEO Y DELITO ELECTORAL

En el punto del documento dedicado a tratar de probar el reintegro del dinero en la economía de personas intervinientes en la presunta operativa de blanqueo investigada, la UCO señala, entre los hechos que considera que lo demuestran, que documentos y comunicaciones intervenidas "evidencian la efectiva recepción de billetes de 500 euros en efectivo por parte de determinadas personas que se prestaron a realizar la transferencia de 1.000 euros al grupo municipal 'popular'".

También el relato de la exedil de Cultura en el consistorio valenciano María José Alcón, que en una conversación intervenida explicaba el procedimiento seguido para el presunto blanqueo y hablaba de "corrupción política total", que consideran "paralelo con la realidad existente"; el hecho de que varios testigos hayan reconocido que se les hizo el ofrecimiento de entregarles el importe equivalente a la transferencia o un escrito anónimo que llegó a la Fiscalía Provincial de Valencia en el que se informaba de una supuesta financiación ilegal.

También destacan "los distintos ingresos de dinero en efectivo detectados en las cuentas de personas en fechas próximas a la que realizaron la aportación de 1.000 euros" y la "detallada declaración" de una de las asesoras investigadas "de manera coincidente con otros testigos" y su aportación de un extracto bancario que contextualiza en fechas coincidentes con las dinámicas expresadas por estos.

Por último, indican "el ámbito en el que supuestamente se adoptó la decisión de realizar aportaciones, que sería el del comité de campaña, que según la declaración del representante de la persona jurídica Partido Popular, no tiene competencia para ello".

La UCO, a la hora de establecer las personas con responsabilidad en los delitos electorales, debe valorarse si procede incluir o no a aquellas que sin reunir las condiciones establecidas en la LOREG, deban considerarse inductores, cooperadores necesarios o cómplices en los hechos, para lo que cree que debe tenerse en cuenta la existencia de determinados cargos orgánicos del PP de la ciudad que "permiten conocer la existencia de las dinámicas que se han puesto de manifiesto y colaborar con ellas".

JUNTA DIRECTIVA Y COMITÉ EJECUTIVO

Así, señala que a juicio policial, los miembros de la Junta Directiva del PP de Valencia "difícilmente pueden desconocer la situación descrita" en el informe "dado que ni siquiera existía presupuesto ni cuenta alguna en el seno del partido al usarse las del grupo", lo que contrasta con la realizad de que se realizaban campañas y "se afrontaban gastos que requerían la lógica existencia de ingresos".

Del mismo modo se pronuncia sobre el Comité Ejecutivo del PP de Valencia, que ni elaboraban ni aprobaban presupuesto alguno "lo que lógicamente choca con la situación de que se realizaban campañas y se afrontaban gastos" que necesitaban ingresos. Al respecto precisa: "no se les podía escapar que se afrontaban de alguna manera distinta a la estipulada por las normas legales e internas" analizadas en el informe.

Además, en sus conclusiones, la UCO considera que los hechos descritos en el informe "son constitutivos de una serie de infracciones relacionadas con la financiación irregular del PP, algunas de las cuales son constitutivas de sendos delitos electorales, relativos a las elecciones municipales de los años 2011 y 2015".

Sostienen esto en que "el grupo municipal fue usado como medio para velar que terceros, empresarios o no, estaban asumiendo de forma efectiva el coste de adquisiciones que generaba la actividad de promoción política del PP de Valencia, a través de entregas de dinero en efectivo, (...) siendo utilizadas dichas cuantías para gastos electorales".

"OTRO TONTO DEL PP"

La UCO adjunta en su informe una conversación mantenida en un grupo de whatsapp entre los asesores del PP local Pedro Aracil, Luis Salom, Juan Pedro Gómez Cerón y Ignacio Vicente Pou, en la que, según señala, "se evidencia recepción de los dos billetes de 500 euros (...), cuando las cuatro personas ya habían realizado la transferencia bancaria de 1.000 euros a la cuenta bancaria del grupo municipal 'popular'".

En dicha conversación, uno de los asesores se refiere a los billetes de 500 y dice "no los coloco, estoy por enmarcarlos", a lo que uno de sus interlocutores responde: "Sí, y poner en el cristal 'rómpase en caso de emergencia'". El primero contesta de nuevo y dice: "Jaaaaaaaaa. Si voy al banco me dirán 'otro tonto del PP', joder".

En otro extracto, los asesores hablan del expresidente de la Diputación de Valencia, del PP provincial y exalcalde de Manises, Alfonso Rus, investigado en la causa, en la que uno de los asesores bromean sobre que "la jefa ha dicho a la prensa que confía 'como siempre' en su honradez". "Fe ciega, como la justicia", contesta otro miembro del grupo.

Interviene otro asesor y dice que Rus "al menos sabe contar hasta 500", a lo que los otro responde "de 500 en 500" y otro miembro añade "Callar... Que no nos salpique nada...!!!", de lo que la UCO entiende que los asesores se estarían refiriendo, de forma implícita, "al problema que podría suponerles que se conociese el hecho de haber recibido los dos billetes de 500 en efectivo para compensar los respectivos ingresos de 1000 euros en la cuenta del grupo".

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