La declaración de ésta se produce después de la del pasado lunes de compareciera también, como investigado, el exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía Juan Carlos Lomeña, quien defendió la legalidad de los cursos. Las comparecencias de los funcionarios serán en septiembre.

Así, fuentes del caso han indicado que la exresponsable de Formación ha indicado que existía control previo e informes favorables de Intervención; así como controles durante el curso, a través de una aplicación con información del mismo. También se ha referido a las inspecciones, indicando que la legislación contempla un número menor de visitas.

Respecto al control posterior, ha apuntado a deficiencias motivadas por el cambio de consejería de la que dependían los cursos y al gran número de expedientes de formación a partir de 2011, según han explicado las fuentes.

Las pesquisas se han centrado en las convocatorias del 15 de diciembre de 2010, en la que se investigaron 17 empresas; y del 4 de noviembre del mismo año, por la que se investigaron diez sociedades. El juzgado de Instrucción número 8 de Málaga abrió 27 piezas -al margen de la principal-, aunque luego se quedaron en 26 al acumularse dos de ellas por relación entre las sociedades.

Estas actuaciones se iniciaron a raíz de la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en la sección de la Seguridad Social, que en sus primeros informes apuntaban a una supuesta falta de justificación inicial de estos cursos y también de control posterior por parte de la administración regional, encargada de ello.

Consulta aquí más noticias de Málaga.