La portavoz de la comisión de Justicia del grupo de Ciudadanos, Rebeca Grajea, recuerda que, en el pleno del 10 de marzo, el propio presidente del Gobierno, José Ignacio Ceniceros, aseguró se iba abrir un nuevo proceso de contratación del mobiliario del nuevo Palacio de Justicia manteniendo los plazos previstos para su apertura, es decir, en el mes de septiembre.

"El presidente se comprometió ante los grupos parlamentarios y ante los riojanos a mantener los plazos y sentimos cierto malestar y sorpresa ante este nuevo retraso", apunta Grajea. Para la diputada, esto demuestra la incapacidad del gobierno regional de llevar a cabo un nuevo proceso de contratación que asegurara el traslado de las dependencias y funcionarios al nuevo edificio durante el mes de agosto como se manifestó anteriormente.

Además, para el grupo parlamentario de Ciudadanos, el hecho de que la consejería de Justicia opte por el sistema centralizado del Estado después de las elecciones es un síntoma de que parece incapaz de garantizar un proceso de licitación para las empresas equitativo.

"Y como muestra un botón, una de las empresas licitadoras se vio obligada a recurrir ante el Tribunal Administrativo Central, sencillamente porque no le permitieron subsanar defectos formales de su propuesta", afirma Grajea, "nos parece correcto el sistema centralizado de compra por el ahorro que conllevará, pero sabemos que la posibilidad de que las pymes sean adjudicatarias depende mucho del tipo de contratación, nos preocupa que empresas riojanas del sector se queden fuera de la adjudicación, respetando siempre la libre concurrencia".

Por otra parte, Grajea anima al consejero Conrado Escobar a actuar "con la misma diligencia a garantizar que el lugar de trabajo de los profesionales de Justicia sea el mejor posible, y no se repitan episodios como problema de goteras del edificio antiguo y asegurando el cumplimiento del deber de custodia y vigilancia de miles de expedientes de casos de ciudadanos riojanos que se amontonan en las dependencias judiciales".

"Una contratación pública responsable también conlleva responsabilidad del consejero de turno", dice Grajea, "evitemos la estrategia del borrón y cuenta nueva de los desmanes que se cometieron en el proceso de licitación del mobiliario y que se depuren responsabilidades que han conllevado un retraso considerable en la apertura del nuevo Palacio de Justicia y en las mejoras que conllevará para trabajadores públicos y ciudadanos porque nos tememos que en este juego de plazos y retrasos, nos quedaremos sin conocer muchos puntos oscuros de este proceso".

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