A partir de ahora, la información pública que será expuesta atañe a la composición de los órganos municipales y empresariales, la identificación de los cargos, con sus retribuciones, declaraciones de bienes e indemnizaciones por ceses; la legislación municipal en vigor y el estado de las normas en tramitación; la grabación de Plenos y su difusión en Internet y en directo; los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, su orden del día y los informes que justifiquen las decisiones.

También, se incluyen las licitaciones, las contrataciones y los adjudicatarios y la relación de proveedores; la legislación urbanística completa, incluidos los planes especiales y convenios; las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de su importe y los beneficiarios concretos, con determinados límites; los detalles de los presupuestos, ejecución presupuestaria, información financiera y de inversión; la masa salarial de la plantilla; los planes estratégicos municipales, y los datos sobre el medio ambiente en la capital sevillana.

Toda esta información partirá del Ayuntamiento y de sus organismos, que también podrán reclamar detalles a quienes sean adjudicatarios de sus contratos o ejecuten servicios públicos, siendo su única restricción la privacidad de las personas según fija la ley.

Esta ordenanza está elaborada a partir del modelo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía y las normativas ya vigentes en las principales ciudades españolas. En la práctica, supone establecer una nueva relación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía a través de los medios electrónicos y del ya operativo portal municipal de Open Data, que facilita datos e información en abierto y también en formatos reutilizables.

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