Imagen de la reunión de IU con Facua.
Imagen de la reunión de IU con Facua. EUROPA PRESS/IU

González Rojas ha planteado esta reivindicación después de mantener una reunión con el presidente y la vicepresidenta de Facua en Sevilla, Manuel Baus y Rocío Algeciras, para hacer seguimiento de las políticas de consumo del Ayuntamiento, según ha informado IU en un comunicado.

Para ello, ha solicitado la celebración de un debate monográfico sobre políticas de consumo en el próximo consejo de administración de la Corporación de Empresas Municipales de Sevilla (CEMS), al objeto de "analizar propuestas y acordar medidas" destinadas a mejorar la atención al consumidor y al usuario en las sociedades públicas del Consistorio.

González Rojas ha explicado que con esta iniciativa, que "ha sido bien acogida en el último consejo de administración de la CEMS", su partido busca darle un impulso a las políticas de consumo en las empresas del Ayuntamiento que prestan servicios públicos y de interés general, como son Emasesa (agua), Tussam (autobuses urbanos), Emvisesa (vivienda), Lipasam (limpieza) o Contursa (turismo).

Al hilo de esto, Rojas ha asegurado que "queda mucho por hacer" en esta materia, al tiempo que ha vuelto a reclamar la incorporación de las organizaciones de consumidores en los consejos de administración de las empresas públicas del Consistorio.

"Nos parece fundamental su presencia, aunque sólo sea con voz pero sin voto, pues somos conscientes de que la reforma local del PP limita considerablemente la participación de estas entidades en la gestión municipal", ha precisado el portavoz de IU.

Además, IU ha criticado la falta de transparencia existente en estas entidades municipales y la desprotección que sufren sus usuarios. Y eso, según ha recalcado, pasa por "aceptar la fiscalización de los consumidores en sus respectivos consejos de administración".

En esta misma línea, la federación de izquierdas también ha demandado al gobierno de Juan Espadas (PSOE) que "facilite" la adhesión de las sociedades municipales a la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento "por una cuestión de coherencia y efectividad". Y es que "no se puede entender que el Consistorio hispalense promueva entre las empresas privadas la incorporación a este servicio de resolución de conflictos de consumidores y que todavía hoy las empresas públicas no se hayan acogido al mismo".

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