El alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), ha señalado en rueda de prensa que se trata de "una prioridad de trabajo para el equipo de gobierno", puesto que "la atención a las necesidades básicas es primordial".

El trabajo del equipo de gobierno con las empresas suministradoras supone además un impulso a distintas iniciativas aprobadas hace años por el pleno que, hasta ahora, no se habían materializado

Cuenca ha subrayado que la clave fundamental de los acuerdos que se están perfilando radica en la permanente coordinación entre los Servicios Sociales municipales y las empresas, para poner en marcha "medidas que garanticen que ningún granadino se quede sin agua ni luz por situaciones de vulnerabilidad social, por sus especiales necesidades económicas, o por estar en riesgo de exclusión".

En este sentido, técnicos de Servicios Sociales tomarán en consideración "hogar por hogar", y en cada unidad familiar se barajarán los casos susceptibles de acogerse a pago fraccionado, al posible aplazamiento de deudas, así como otras fórmulas para evitar cortes de suministro.

El primer edil granadino ha explicado que, para la elaboración del borrador de los convenios, se han mantenido diversas reuniones entre técnicos municipales y técnicos de las empresas suministradoras, a las que ha agradecido "su especial sensibilidad y disposición, que evidencia la responsabilidad social corporativa" con las familias que más lo necesitan.

En el caso de Emasagra, "el acuerdo plasmará por escrito algo que ya se viene realizando hace tiempo, un protocolo para prevenir o evitar cortes en este recurso básico".

Así, el documento contempla fórmulas para flexibilizar las condiciones de pago y fraccionar deudas en los casos que así lo aconsejen los Servicios Sociales municipales; así como procedimientos de actuación para impedir el corte de suministro ante el impago de recibos, entre otras cuestiones.

Con Endesa se negocia un convenio que pretende establecer las bases para articular la colaboración entre el Ayuntamiento y la empresa, dado que hasta ahora no existía ese marco normativo, a pesar de que se han planteado diversas propuestas e iniciativas al pleno, y sobre todo, "teniendo en cuenta que se trata de un problema importante que afecta a muchísimas familias de la ciudad".

Al respecto, la edil de Derechos Sociales, Jemi Sánchez ha apuntado que "el afán municipal es lograr la regularización masiva de contadores eléctricos, algo que beneficiaría a familias que pagan sus facturas y están expuestas a cortes de luz por problemas en transformadores o cambios de potencia, y también a esas otras familias que, por diversas circunstancias, no disponen de contador, pero quieren regularizar su situación y pagar sus facturas eléctricas".

Al referirse al objetivo de lograr la máxima regularización, Jemi Sánchez ha explicado la situación que se vive en el distrito Norte, donde "en distintos edificios y bloques del barrio existen multitud de viviendas que carecen de contador, aunque sus inquilinos deseen regularizar su situación, pagar sus facturas a la empresa y recibir el necesario fluido eléctrico".