En comparecencia de prensa, De Pablo ha negado las razones de ahorro de dinero y de tiempo ofrecidas, ayer martes, por los consejeros de Justicia y de Administración Pública y Hacienda, Conrado Escobar y Alfonso Domínguez, respectivamente.

Ha afirmado que empieza a ser una "falta de respeto a los más de 300 funcionarios de Justicia" por la incertidumbre que está generando a todos los operadores jurídicos que están "con las maletas preparadas y que no saben desde hace más de un año cuándo se va a producir el dichoso traslado".

Para De Pablo, no es cierto el ahorro de 300.000 euros, sino que

"el sobrecoste de este nuevo retraso va a suponer un incremento de más de 600.000 euros".

En este punto, ha explicado que aunque ahora "hayan decido volver a empezar de cero el expediente de contratación y hacer otro concurso con 300.000 euros menos, desde noviembre de 2015 que tienen paralizado el expediente "tenemos que pagar 106.000 euros solo en alquiler de las dependencias del Juzgado de los Social, van a tener que indemnizar a los licitadores que sin causa justificada de interés público se les comunica por carta que se renuncia al expediente y que se empieza de cero, y además hay que sumar los gasto de mantenimiento de vigilancia, seguridad, luz del nuevo Palacio de Justicia vacío".

Por lo tanto, ha dicho la socialista, "no hay ahorro de dinero, sino un sobrecoste demostrable porque son contratos públicos".

De Pablo también ha rebatido el argumento del ahorro de tiempo, porque "cualquier persona entiende que si has tenido paralizado voluntariamente un expediente desde enero, siempre será más rápido continuar un expediente haciendo las cosas bien que empezarlo de cero".

"INCUMPLIMIENTO"

Los socialistas también rechazan que se cumpla en artículo 155 de la Ley de Contratos del Sector Público como dice la Resolución de renuncia, porque la única causa que permite la Ley es la del interés público y "todavía no ha sido capaz el Gobierno de demostrar cuál es la rezón de interés público que hace anular un concurso iniciado y muy avanzado, cuando el 15 de noviembre dijeron que no lo iban a hacer".

El problema, según de Pablo, puede llegar "si alguno de los licitadores recurre y los Tribunales le dan la razón, porque se podría producir un nuevo retraso". Solo por el "simple riesgo de un nuevo retraso resulta irresponsable la anulación del concurso", ha dicho.

"Algún día explicará el Gobierno de La Rioja a quién quiere beneficiar o qué es aquello que quieren ocultar para hacer las cosas torcidas cuando se pueden hacer sencillas y transparentes -convocar un concurso, lo resuelvo y adjudico-", ha dicho.

A la responsable de la ejecutiva socialista, también le preocupa la imagen de La Rioja que se está dando, "porque se está dando un claro ejemplo de inseguridad jurídica que va a generar desconfianza en los licitadores de fuera de la Comunidad Autónoma de La Rioja que no invita a participaren los futuros concursos que pueda convocar este Gobierno".

Para finalizar, de Pablo, ha exigido que se cumpla con las resoluciones del Parlamento de La Rioja. El 14 de marzo de 2016 la Cámara regional "aprobó sin ningún voto en contra, que se depuraran responsabilidades con los responsables de la chapuza del concurso del mobiliario del Palacio de Justicia y pasados los dos meses que tenía el Gobierno para hacerlo no sabemos absolutamente nada".

De Pablo le ha dicho a Ceniceros que las resoluciones del Parlamento "han de respetarse, acatarlas y cumplirlas, porque no hacerlo es ser absolutamente igual que la etapa anterior de Pedro Sanz".

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