En rueda de prensa, Puentedura ha indicado que la empresa que tiene adjudicada el contrato de seguridad privada con el Ayuntamiento, Casesa, no podría renovar el contrato, que finaliza este año, porque aparece como una de las empresas deudoras con Hacienda, según el listado que publicó en su página web el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hace unos días. Según los datos publicados por el Ministerio, tiene una deuda de más de tres millones de euros con el erario público.

La Ley de Contratación Pública establece, según recuerda IU, que las administraciones públicas, como el Ayuntamiento de Granada, "no pueden contratar con empresas deudoras a Hacienda, con lo cual, de confirmarse estos datos supone que el Ayuntamiento debe revisar las condiciones de este contrato que finaliza en diciembre de 2016".

Además esta misma empresa tiene otros contratos de seguridad privada con la empresa municipal Granada Eventos Globales (Gegsa), que también "deben ser revisados".

Para ello Puentedura ha pedido al nuevo equipo de gobierno municipal (PSOE) "que en primer lugar compruebe y certifique con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que estos datos son correctos" y si se confirman, "compruebe si la deuda con Hacienda es anterior a la adjudicación del contrato que el Ayuntamiento tiene, lo cual sería causa de resolución del mismo, y si es posterior que comunique a la Agencia Tributaria Estatal que obligaciones de pago tiene el Ayuntamiento con la citada empresa por si tiene que retener alguna cantidad para satisfacer la deuda con Hacienda".

Además, tanto el contrato público con el Ayuntamiento como el contrato público con Gegsa, se encuentran en situación de prórroga, según el concejal de IU, prórrogas que finalizan en diciembre de este año y en septiembre de este año, respectivamente.

Es por ello "que en cumplimiento de la ley esta empresa no puede volver a contratar con el Ayuntamiento mientras mantenga estas deudas" con lo cual Puentedura ha reclamado al Ayuntamiento "que no renueve las prórrogas". "Es el momento de acabar con la privatización de la seguridad privada en el Ayuntamiento de Granada", ha mantenido el portavoz.

Para Izquierda Unida el gasto en más de 750.000 euros al año en seguridad privada "supone un gasto impropio de servicios que podría prestar la Policía Local", que entre sus funciones tiene la guardia y custodia de los edificios municipales, tal y como establece la ley andaluza que regula los cuerpos de Policía Local.

Es por ello que el edil de la formación de izquierdas pide "al gobierno municipal que no renueve el contrato de este servicio "impropio" pues es "un gasto innecesario que supone una duplicidad y que podría destinarse a mantener otros servicios públicos, e inversiones que generen empleo y mejoren los barrios".

Las dependencias municipales que cuentan con seguridad privada son el Ayuntamiento, Mondragones, Palacio de los Córdova, Carmen de los Mártires, Centro de Servicios Sociales de Zona Norte, Centro de Iniciativas Empresariales municipal (en Zona Norte), Hotel de Asociaciones del Zaidín, Centro de Atención a personas sin hogar en el Zaidín, Palacete de Quinta Alegre, Centro del Gallo del Albayzín, Centro Gran Capitán y Auditorio Manuel de Falla.

Consulta aquí más noticias de Granada.