El alcalde de Palos de la Frontera (Huelva), Carmelo Romero.
El alcalde de Palos de la Frontera (Huelva), Carmelo Romero. EUROPA PRESS

La consultora Efial es el hilo de conexión entre las diferentes operaciones anticorrupción y los detenidos se sirvieron de la asesoría de esta consultora -que fue absorbida por CGI, continuando con la actividad delictiva- para "evitar la labor supervisora del secretario e interventor municipales", según ha detallado el Ministerio Público.

En rueda de prensa, Romero ha explicado que, en primer lugar, en 2013 se hizo un contrato menor con el grupo CGI, por valor de 18.000 euros, y posteriormente se hizo otro por cuatro años, en vigor desde 2015 y a través de un procedimiento público con la empresa Colaboración Tributaria Andaluza (CTA), del grupo CGI, el cual seguirá vigente hasta 2018, tal y como se firmó, ya que "la empresa ha realizado un buen trabajo llegando a recaudar hasta 22 millones de euros".

La misma, que se dedica a la inspección de tributos de las empresas del Polo Químico, en el término municipal de la localidad, fue contratada por el Ayuntamiento, con "un procedimiento totalmente transparente y aprobado por todos los grupos", porque "no estaban satisfechos con la labor que hacía al respecto el Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación, que no recaudó prácticamente nada".

Tras explicar que el Ayuntamiento ha abonado a esta empresa 2,8 millones de euros por su trabajo de inspección tributaria, Romero ha dejado claro que ha mostrado "máxima colaboración" ante el requeriminto del juzgado.

A través de éste se personó la Policía Judicial de la Guardia Civil en el Ayuntamiento, y ha precisado que, aunque el juez pidió información sobre un periodo concreto del año 2015, también "tiene a su disposición el contrato desde mediados de 2013 a 2014, que el Ayuntamiento hizo con la empresa CGI por un año".

Por último, Romero ha insistido en que su deseo es que "esto se aclare cuanto antes porque somos los primeros en querer erradicar todo tipo de corrupción", a lo que ha añadido que "quien no cumpla la ley, que apechugue".

Por su parte, la Guardia Civil cree que la trama para desviar fondos públicos de ayuntamientos desarticulada este martes en esta operación se valía de estructuras paralelas creadas en los mismos consistorios para desviar ese dinero a Andorra a través de "complejas operativas mercantiles", según ha informado el Instituto Armado.

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