Daniel Ortiz
Daniel Ortiz EUROPA PRESS

La Sala Civil y Penal del TSJ de Madrid ha aceptado la competencia para abordar las diligencias abiertas por el Juzgado Central de Instrucción número 6 sobre el diputado del PP en la Asamblea de Madrid Daniel Ortiz por supuestamente haber favorecido a la empresa Cofely -envuelta en la trama Púnica- al entender que hay indicios de delitos de tráfico de influencias, fraude a administración pública y cohecho, entre otros.

Por ello, se ha designado a la magistrada instructora Susana Polo, quien determinará las personas que "junto al aforado, deben figurar en esta causa como investigados por su participación conexa con los hechos imputados al señor Ortiz".

Se investiga la adjudicación de un contrato de suministros y servicios energéticos a Cofely en 2014 Así lo detalla el auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación a la investigación sobre la adjudicación de un contrato de suministros y servicios energéticos de 73 millones de euros a Cofely en 2014, en la etapa en la que el aforado era alcalde de Móstoles.

"Los hechos en los que se ha podido intervenir en la persona aforada, Daniel Ortiz, relatados en la exposición razonada, revisten inicialmente caracteres delictivos", expone en su auto el TSJM.

El auto cuenta con un voto particular formulado por el magistrado Jesús María Santos Vijande, quien comparte la asunción de la competencia acordada en la resolución objeto de esta nota, pero considera que el magistrado instructor del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional debió remitir mucho antes a este tribunal la exposición razonada, pues al menos desde el 20 de octubre de 2015 tenía más que suficiente conocimiento de "indicios consistentes" contra Ortiz Espejo.

Entiende este magistrado que "no debió practicar ni la declaración en calidad de testigo del día 27 de octubre del depositante de las cadenas de mensajes ante la Unidad Policial interviniente, ni el segundo informe policial, de fecha de 28 de marzo de 2016, ni cualquier otra actuación posterior al 10 de octubre de 2015 que haya podido efectuarse en relación con el aforado investigado y que no traiga causa de una razón de urgencia o necesidad".

Ciudadanos dice que el acuerdo de investidura está en riesgo

Las reacciones políticas no se han hecho esperar. La presidenta de la Comunidad y de la Gestora del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha apostado este miércoles por esperar a ver si hay un auto formal de investigación para pedirle a Daniel Ortiz que asuma su compromiso de irse.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, ha señalado este miércoles que si el diputado regional Daniel Ortiz no dimite cuando sea "formalmente imputado" pondría "en riesgo" el acuerdo de investidura entre su formación y el Gobierno de Cristina Cifuentes.

"Esto significa que en cuestión de días estará formalmente imputado y tendrá que dimitir como recoge el punto primero del acuerdo de investidura", ha señalado Aguado. El parlamentario espera que no se vean obligados a pedir su dimisión sino que "sea el mismo el que la presente" porque de lo contrario "pondría en riesgo el acuerdo de investidura lo que sería una gran irresponsabilidad por parte del PP".

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