Así lo ha manifestado el presidente de ACP, Emilio López, quien ha lamentado "el larguísimo periodo electoral" de 2016 que ha conllevado a la paralización institucional y a la inseguridad jurídica, lo que ha "afectado muy perjudicialmente" a sus empresas.

De este modo, López, en rueda de prensa junto a la presidenta del Grupo de Contratistas de ACP, María García Díaz, y el responsable del Grupo de Promotores de la asociación, Miguel Rebollo, ha expresado que, aunque "algunas cifras empiezan a dar señales de una leve recuperación, no son suficientes para poder decir que ya ha acabado la mala racha", ya que "son más de ocho años los que lleva la construcción y la producción inmobiliaria viviendo la peor crisis de toda su historia", ha apostillado.

Por ello, se ha referido a que 2015 y 2016 han estado "marcados" por citas electorales, que han provocado "desencuentros en gobiernos municipales" con la entrada de nuevas formaciones políticas, "llegando incluso a replantearse actuaciones ya aprobadas y en marcha".

Estos cambios han "afectando muy perjudicialmente a los intereses de nuestras empresas", ha reconocido, mostrando su deseo de que "no sea también lo que marque lo que queda de 2016" y "que podamos tener pronto un gobierno estable".

López ha repasado proyectos afectados por esta inestabilidad política: la aprobación de la ley de protección del litoral o la ley del nuevo plan de viviendas, del que ha dicho que "esperemos que pueda ver la luz en breve"; así como la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella (Málaga), que ha calificado de "durísimo golpe para el sector".

Además, ha apuntado que la convocatoria de elecciones "dejó en el tintero una nueva ley de contratos del sector público", y que "la ausencia de esa nueva norma ha provocado la entrada en vigor de la directiva comunitaria directamente", lo que ha generado "problemas de interpretación".

RECUPERACIÓN DEL SECTOR

Por otro lado, Rebollo ha indicado que hace un año "el índice de actividad volvió a batir un récord" en la provincia, ya que en el primer trimestre de 2016 se visaron 631 viviendas frente a las 270 del mismo periodo de 2015 (+134 por ciento).

Con respecto a los proyectos visados en 2015, ha destacado que el

86,15 por ciento corresponde a la ejecución de vivienda unifamiliar, por lo que "la autopromoción sigue teniendo mayor peso que el de la promoción inmobiliaria como consecuencia de la actividad empresarial".

Del mismo modo, ha señalado que en el primer trimestre de este año 117 de los 134 proyectos visados pertenecen a vivienda unifamiliar y que esta actividad se está iniciando en la Costa del Sol occidental y en la capital, mientras que el resto de la provincia aún tiene una actividad "prácticamente nula".

Acerca de las ventas, ha señalado que se percibe un "sensible incremento" con respecto a años anteriores: 2015 se ha cerrado con 24.705 viviendas vendidas en la provincia, que suponen caso un diez por ciento más que en el ejercicio anterior. Por ello, ha concluido que la evolución de la vivienda es "favorable" y que "el mercado inmobiliario tiende a despegar aunque con una velocidad muy lenta".

TURISMO RESIDENCIAL

Rebollo ha destacado que el turismo residencial es una "pieza esencial" en el crecimiento de las ventas del sector de la producción inmobiliaria, y que, de todas las viviendas vendidas en la provincia, el 40,9 por ciento se hizo a extranjeros.

Este dato ha situado a Málaga en 2015 en el puesto de la segunda provincia española con mayor venta a extranjeros después de Alicante, gracias a Marbella.

Reino Unido ostenta el liderazgo de los países extranjeros que compran viviendas en la provincia de Málaga, con un 25 por ciento de las operaciones realizadas, aunque en años anteriores llegaron a representar el 41 por ciento. Le siguen los países nórdicos, con un 18 por ciento.

'BREXIT'

Por esa razón, López ha señalado que el 'brexit', la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), "no llega en un buen momento" para el sector de la vivienda en Málaga, ya que "hasta que no consigan estabilizar su moneda, nuestro mercado se va a resentir".

Sin embargo, ha apuntado que aún no se puede hablar de repercusiones ya que ha pasado "muy poco tiempo", por lo que "ahora mismo está todo igual"; aunque ha precisado que "sí va a repercutir en las personas que estaban pensando en venir o en si invertir o no".

INVERSIÓN

Por otro lado, García ha señalado que en 2006 se registraron las mayores cifras de inversión pública en la provincia, superándose los 1.500 millones de euros, hasta descender a 142 millones en 2015.

En 2016, los datos han mejorado, situándose en los 125 millones de euros en el primer trimestre -58 millones por parte de las administraciones locales, 40 por la Junta de Andalucía y el resto del Gobierno central-; lo que supone más de un 80 por ciento a la inversión de estas mismas fechas el año pasado.

Este aumento se debe a proyectos como la nueva Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, el enlace con la autovía de Benalmádena, el mantenimiento de carreteras de Diputación y las obras del Ayuntamiento de Málaga.

Por ello, García ha señalado que se prevé acabar el año con unas cifras de inversión superiores a las de años anteriores. No obstante, han estimado que "no será suficiente para mantener el sector productivo en nuestra provincia".

"Si la inversión privada no acaba de despegar, tampoco la pública está tomando las medidas necesarias", ha asegurado López, que ha criticado que el año 2015 ha estado "marcado por la falta generalizada de inversión pública", así como que "las cifras de 2016 siguen siendo absolutamente insuficientes para el mantenimiento del tejido productivo y mantenimiento y desarrollo de una infraestructura adecuada en nuestra provincia".

Asimismo, ha criticado que la creatividad de las administraciones "no tiene límites" a la hora de redactar pliegos de licitación en los que "se siguen incluyendo cada vez más exigencias que los contratistas tienen que asumir si quieren al menos tener la posibilidad de ser adjudicatarios".

En este sentido, se ha referido a varias razones para que estén creciendo los licitadores que admiten estas exigencias: a la necesidad de las empresas de mantener una mínima actividad que les permita continuar "a la espera de que lleguen tiempos mejores"; a la entrada en vigor de la ley de transparencia andaluza, y "la peculiaridad" que la misma introduce en materia de contratación pública.

Así, "se ha producido un efecto llamada a empresas de otras comunidades", ha dicho, encontrándose las compañías andaluzas en desigualdad con las del resto de España, donde no existe esta ley. También ha criticado que las administraciones admitan "temeridades" a la hora de ahorrar en la adjudicación del contrato.

En resumen, López ha señalado que, para las pymes del sector, la situación "seguirá siendo muy difícil mientras mantengan los escasos niveles de inversión pública".

Por último, han pedido a las administraciones que "hagan proyectos detallados, con unos costes realistas y que tomen conciencia de ello a la hora de la adjudicación, con un estricto control de las desviaciones al finalizar las obras".

Asimismo, han criticado que algunas administraciones, entre ellas, la Junta de Andalucía, haya decidido "volver a las andadas" y no pagar en plazos, por lo que estiman que el Gobierno andaluz mantiene una deuda con las empresas constructoras de la provincia de más de 150 millones de euros, y han pedido que aplique la facturación electrónica.