En octubre de 2015, el perjudicado, residente en Madrid, puso un anuncio en una web de compraventa de objetos de segunda mano para vender una tableta y un móvil, valoradas ambas cosas en 830 euros. El acusado se puso en contacto con el hombre por mensaje para comprarle los productos y llegaron a un acuerdo en dicho precio, según la acusación pública.

Ese mismo día, el vendedor recibió del otro un mensaje con foto que demostraba que le habían ingresado el dinero, por lo que "creyendo legítimamente que el acusado le había mandado la cantidad, le envió la mercancía por una empresa de transportes urgentes a la dirección dada, en la capital, indica el escrito provisional del fiscal.

Pero, señala el ministerio público en sus conclusiones iniciales, a las que ha tenido acceso Europa Press, el procesado, "siguiendo un plan preconcebido", procedió con urgencia a anular bancariamente la transferencia a favor del vendedor, "lo que consiguió al estar dentro del plazo revocatorio". Cuando el perjudicado vio que se había anulado la transferencia, llamó al acusado.

Éste se identificó con un nombre falso y le dijo que no se preocupara, siempre según el relato del fiscal, en el que se precisa que, "alarmado", el vendedor llamó a la empresa de transportes, donde le indicaron que la mercancía se había entregado, "de manera que perdió el dinero y los objetos".

Investigado por la Policía el móvil usado por el acusado, resultó que "había sido empleado por éste en otros hechos similares", estando reclamado por 21 juzgados de España. Además, para que le entregaran en paquete, se identificó con un DNI de un hombre que "nada sabe de estos hechos". Esto lo hizo "con el fin de dificultar" la investigación.

En el registro del domicilio, se encontraron varias tarjetas, resguardos, facturas y nóminas falsas de Policía a nombre de determinadas personas, entre otros muchos objetos relacionados con la investigación. En una de las memorias intervenidas, había fotografías de distintos DNI. Por estos documentos se siguen otros procedimientos contra el acusado.

Por estos hechos, se le acusa por un delito de estafa, por el que el fiscal solicita tres años de prisión; y por otro de uso no autorizado de documento de identidad, por el que se le pide una pena de 12 meses de cárcel y multa de seis meses, con una cuota diaria de 12 euros; lo que supone 2.160 euros. Se insta a que se le aplique la agravante de reincidencia.