Lomeña, que ha declarado unos 20 minutos y ha contestado a todas las preguntas de las partes, ha señalado en declaraciones a los periodistas a la salida que "todos los cursos los ve la Intervención, que no solo mira que haya dinero para poder pagarlos, sino también la legalidad y por tanto fueron informados favorablemente".

Así, ha asegurado que "no hay menoscabo de fondos públicos ni, por tanto, ningún tipo de malversación o prevaricación", ya que, ha apuntado, "en todos los expedientes, o se ha pedido ya el reintegro o se está pendiente de hacerlo".

"En el transcurso de la gestión de los cursos se han podido dar fallos administrativos, que los hay como en cualquier estructura, pero no hay nada penal", ha incidido.

Por eso, se ha mostrado "optimista" y ha esperado que "este juez, igual que ha hecho la jueza de Jaén, cierre el caso, porque solo se han detectado faltas administrativas".

Las pesquisas en este caso se han centrado en las convocatorias del 15 de diciembre de 2010, en la que se investigaron 17 empresas; y del 4 de noviembre del mismo año, por la que se investigaron diez sociedades. El juzgado de Instrucción número 8 de Málaga abrió 27 piezas -al margen de la principal en la que están funcionarios y políticos-, aunque luego se quedaron en 26 al acumularse dos de ellas por relación entre las sociedades.

Estas actuaciones se iniciaron a raíz de la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en la sección de la Seguridad Social, que en sus primeros informes apuntaban a una supuesta falta de justificación inicial de estos cursos y también de control posterior por parte de la administración regional, encargada de ello.

Los investigadores relataban en sus informes iniciales que las supuestas irregularidades se habrían producido previamente, por, al parecer, falta de capacitación de las empresas y de los profesores; además de que a veces no se llegaron a dar los cursos. Pero también en el incumplimiento del compromiso de contratación del 60 por ciento de los alumnos o supuestas falsedades en partes de asistencia.

Asimismo, se investiga una presunta falta de control de la Administración andaluza en la concesión de las subvenciones, durante el desarrollo del curso y en la liquidación de las ayudas.

A principios del pasado mes de junio, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de 18 de estas piezas, al considerar que no hay delito de fraude de subvenciones, ya que el dinero recibido no supera en ningún caso los 120.000 euros que requiere la legislación. Se señala que para las irregularidades o incumplimientos detectados ya existen "consecuencias en el ámbito administrativo", instando a que se informe a la Junta de Andalucía de la resolución que se adopte.

El ministerio fiscal no pidió el archivo de la pieza principal, que se refiere a responsables políticos y funcionarios investigados; y ni de otras ocho, al verse en algunas indicios de delito de falsedad o irregularidades que, aún sin superar ese dinero, "son patentes", tal y como se requiere para que se enmarque en el ámbito penal, como por ejemplo no haber realizado el curso; aunque se encajaría en otro tipo delictivo.