En un auto fechado el 28 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Óscar Rey señala que, una vez examinado un oficio remitido por la Policía Judicial, "se pone de manifiesto" la posible implicación en los hechos de F.D.A., a quien atribuye un presunto delito de amenazas y contra la intimidad.

En este sentido, asevera que "ha podido determinarse que el terminal desde el que se realizaron las llamadas presuntamente amenazantes, y en el que se insertó la tarjeta prepago para realizar esas llamadas, es el mismo terminal que hasta el 14 de mayo de 2015 estuvo vinculado o asociado" a un número "cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Dos Hermanas, y cuyo usuario" es el investigado.

En el auto, el instructor de la causa libra mandamiento a Movistar para que informe sobre si dicho número "se ha seguido utilizando" con posterioridad al 14 de mayo de 2015 hasta la actualidad "o al menos hasta qué momento ha registrado tráfico de llamadas", todo ello con el objetivo de "determinar si en algún momento se ha podido producir algún uso ilegítimo del terminal o por el contrario dicho uso debió o pudo hacerse por el propio usuario".

De igual modo, el juez libra oficio al Ayuntamiento de Dos Hermanas a fin de que, "a la mayor brevedad", informe sobre "si en algún momento entre el 14 de mayo de 2015 y el 24 de mayo de 2015 se produjo la sustitución del terminal utilizado" por el trabajador investigado, "justificando este extremo", así como si por parte de éste "se denunció o se comunicó al Ayuntamiento dicha sustracción o pérdida del terminal".

Para finalizar, acuerda realizar una consulta informática en los juzgados de Dos Hermanas "para comprobar la posible existencia de algún tipo de denuncia" del trabajador municipal investigado "por la sustracción o extravío" del terminal entre el 14 y el 24 de mayo de 2015.

Para el mismo día 16 de septiembre, el juez ha fijado las declaraciones como investigados del presidente de NNGG de Andalucía, el popular Luis Paniagua, el concejal socialista Agustín Morón y del empresario y militante del PP Emilio Maya. Ese día también han sido citados varios testigos, entre los que figura el secretario de Organización de Ciudadanos, Francisco Hervías, quien testificará por videoconferencia.

A través de un auto, el juez ordenaba la comparecencia de todos ellos y en el caso de los dos populares, Alberto Paniagua y Emilio Maya, señalaba "los testimonios que sitúan a los mismos hablando antes de las elecciones de la existencia del vídeo (que muestra a Manuel Varela consumiendo drogas) y de poder utilizarlo en contra de Varela". "Incluso se ha manifestado la existencia de un tuit en el cual habrían existido tres seguidores, Emilio Maya incluido, y en el que explícitamente se hablaba de las aficiones de Varela y el poco tiempo que le quedaba como candidato", recuerda el auto.

En cuanto al concejal socialista Agustín Morón, el juez instructor consideraba en este auto que "pudiera estar implicado en los hechos", lo que "puede deducirse aparentemente del tráfico de llamadas existente entre el mismo y José Luis Olivares (también investigado en las diligencias), pues puede apreciarse que el día de los hechos existe un número elevado de llamadas entre ambos, concretamente 15 llamadas".

En su auto, igualmente, el juez ordenaba oír además como testigos a María Carmen Espadas, "como persona que oyó los comentarios acerca del video, e Isabel Uribe, persona relacionada con el tuit, a fin de que aclare la procedencia del mismo".

VARIOS INVESTIGADOS

En la causa, que investiga un supuesto chantaje destinado a obligar a Manuel Varela a renunciar a la candidatura a la Alcaldía de Dos Hermanas por C's, bajo la amenaza de la difusión masiva de un vídeo con imágenes suyas consumiendo cocaína, están investigados el expresidente del PP de Dos Hermanas Manuel Alcocer; el periodista local José Luis Olivares; Francisco Javier Romero como persona "interpuesta" en las citadas coacciones; Luis Paniagua; Agustín Morón y Emilio Maya, además del trabajador municipal citado.

Según el juez, de la investigación se desprende que la grabación del mencionado vídeo habría sido realizada "en el despacho profesional de Alcocer, así como en la casa de campo de éste", dado que existirían dos grabaciones. En cuanto al periodista local José Luis Olivares, el juez sospecha de su "posible participación" en los hechos", porque "es quien habla con el denunciante, le exhibe el vídeo y le transmite la amenaza", actuando presuntamente "como intermediario o mensajero" en una labor "mucho más allá" de la periodística.