La medida ha sido anunciada este viernes por el portavoz del equipo de gobierno local, Baldomero Oliver (PSOE), quien ha explicado que el procedimiento se iniciará con una reunión de todos los grupos políticos para cerrar el calendario de convocatoria de la comisión de urbanismo, en cumplimiento de una moción aprobada por unanimidad hace unos meses, cuando aún gobernaba el PP.

Este partido salió del gobierno local a raíz de la llamada 'Operación Nazarí', que conllevó la detención del entonces alcalde, José Torres Hurtado, y la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, además de promotores y altos cargos de esta área por su supuesta vinculación con una trama de corrupción, tras lo que el nuevo gobierno socialista anunció la puesta en marcha de auditorías para analizar la gestión en esta concejalía.

El objetivo de la comisión de urbanismo es "hacer copartícipes" al resto de grupos de los convenios o expedientes "que pueden resultar más problemáticos", aquellos que han generado mayor litigiosidad o mayor pérdida económica a las arcas municipales.

Junto a ello, se han puesto en marcha los mecanismos para formar un comité técnico con funcionarios de distintas disciplinas para llevar a cabo un proceso auditor de los procedimientos que se han usado en el área de Urbanismo en aquellos ámbitos que se consideren "delicados" o necesitados de que se conozcan los detalles.

Oliver ha citado el análisis de convenios urbanísticos y, en general, de los procedimientos seguidos para la concesión de licencias, el control de las concesiones administrativas, la venta de bienes patrimoniales municipales y los mecanismos de sanciones en materia urbanística.

El objetivo es determinar si los procedimientos se ajustaban a derecho, si en ellos se preservaba el interés municipal y si se ha podido incurrir en alguna ilegalidad que deba comunicarse a la Fiscalía.

Junto a ello, se va a requerir a la Intervención del Ayuntamiento que colabore en el procedimiento para conocer la fiscalización económica de las operaciones, básicamente de las derivadas de la ejecución de convenios urbanísticos.

Oliver ha sostenido que este proceso supone la puesta en marcha de las fórmulas que dependen del Ayuntamiento, "con la colaboración de todas las fuerzas políticos y aprovechando los medios técnicos municipales", para desentrañar un área que ha dado "quebraderos" de cabeza a la ciudad.

La medida arrancará de forma "inmediata" y los parámetros exactos, por ejemplo qué periodo será objeto de análisis, se fijará con los grupos políticos. La propuesta del equipo de gobierno es empezar por el último mandato, tras el desenlace de la llamada 'Operación Nazarí', pero Oliver garantiza que "si hace falta llegar al tripartito, llegaremos".

La previsión es analizar todos los aspectos que puedan "generar más dudas", ha agregado el portavoz municipal, que se ha mostrado consciente de que supondrá un "volumen de trabajo importante" y por ello no ha podido ofrecer plazos de finalización.

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