"Me arrepiento si he cometido delito y, como siempre, pido perdón", ha insistido el exregidor marbellí, quien, además, ha agradecido a la Sala encargada de juzgar este caso el haberle permitido no acudir a todas las sesiones de juicio "dada mi situación de enfermedad".

En esta causa se han investigado las operaciones urbanísticas y financieras realizadas en relación con la parcela donde estaba ubicada la casa en Marbella del actor Sean Connery y su mujer, que no han sido juzgados, aunque ella sí está acusada en un procedimiento aparte.

La vista oral comenzó el pasado 11 de enero con las cuestiones previas y en ese momento eran 18 los procesados, aunque la Fiscalía Anticorrupción en Málaga retiró la acusación para cuatro de ellos, en concreto dos asesores fiscales y dos apoderados, en el trámite de conclusiones finales.

Así, son 14 las personas que permanecen acusadas en este procedimiento, entre las que se encuentran, además de Muñoz, el exasesor de urbanismo del Ayuntamiento marbellí y principal condenado en el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, quien no ha querido manifestar nada en su derecho a la última palabra.

Tampoco lo ha hecho el resto de procesados, como son dos de los responsables del despacho de abogados Diez Bastien de Marbella, que representaban los intereses del matrimonio Connery en dicha ciudad, ni los seis exconcejales, que al principio del juicio expresaron su conformidad con los hechos relatados y las penas solicitadas por las acusaciones.

El exedil Alberto García Muñoz no ha podido asistir a la sesión, pero ha transmitido a través de uno de los abogados que como ya expresó su conformidad con los hechos por los que está acusado, no tenía nada que manifestar. No obstante, el presidente de la Sala ha informado de que puede presentar sus manifestaciones por escrito.

A Roca se le acusa por los delitos de fraude, contra la ordenación del territorio y cohecho, solicitando la pena de ocho años de prisión y multa de 3,8 millones de euros. Su defensa pidió la absolución.

Julián Muñoz está acusado por un delito de fraude, por el que la Fiscalía pide dos años de prisión; y por otro contra la ordenación del territorio, por el que se solicita un año de cárcel. Su letrado mostró su conformidad, pero sólo respecto de este último y no del primero.

LA CAUSA

La causa se inició por la querella de la Fiscalía Anticorrupción, tras un informe del Tribunal de Cuentas. Al principio se investigaron sólo los convenios del Ayuntamiento con las empresas Malibú y By the Sea, sobre los que se sustentó la promoción inmobiliaria de 72 apartamentos, denominada Malibú, finalizada en 2005. Luego se amplió a delitos fiscales por la explotación de la promoción.

La fiscal que lleva el caso ha defendido siempre que las pruebas practicadas en esta causa son "legítimas y suficientes" para una

sentencia condenatoria, además de "constitucionalmente lícitas", considerando que la selección de los documentos intervenidos se realizó con "exquisitez y pulcritud", en contra de los que sostienen las defensas.

El ministerio público ha venido sosteniendo que los convenios urbanísticos firmados para esta operación expresan "la trama para beneficiar a la promotora y sus propietarios en perjuicio del Ayuntamiento, mediante la rebaja de los costes de adquisición de los derechos edificatorios para ejecutar una promoción inmobiliaria en una zona privilegiada de Marbella".

Dicha trama, señala la Fiscalía, "fue urdida" por Roca, de un lado, y, por otro, por tres de los acusados, que gestionan los intereses de Malibú y By the Sea. Las parcelas sobre las que se iba a construir fueron objeto de sucesivos convenios, pactándose una nueva configuración urbanística con incremento de la edificabilidad.

Además, según el escrito de acusación definitivo, se produjo una infravaloración de la edificabilidad y arbitrariedad en comparación con otras, al tiempo que se cedieron aprovechamientos sin que en los convenios aparezca justificación de la falta de interés para el patrimonio municipal. Señala que "bastaba el mero acuerdo de partes para la incorporación de la innovación urbanística al texto en revisión sin esperar la aprobación".

"Esto es expresión de la única política urbanística de Marbella desde 1991, calificada en la sentencia del caso 'Malaya' como urbanismo a la carta", indica en su escrito, apuntando que, aunque no llegaron a consumarse los aprovechamientos por la falta de vigencia del PGOU y de aprobación, "se ha materializado en la ejecución de la obra".

Asimismo, se precisa que, posteriormente, el proyecto inmobiliario obtuvo las correspondientes licencias, aprobadas por los exediles siguiendo las directrices del que fuera alcalde Jesús Gil y de Roca, quien, desde su llegada en 1991, según se reitera, "ha sido la persona que de modo inequívoco ha mandado en el urbanismo en Marbella hasta el mismo día de su detención con motivo del caso 'Malaya'.

Éste, reitera la acusación pública en su escrito, "propició una especie de urbanismo a la carta pues era a través de los convenios urbanísticos, negociados directamente por él mismo, con lo que se articulaba la nueva ordenación urbanística del municipio". Las autoridades municipales "se limitaban a seguir las directrices

emanadas por dicho acusado desde la entidad Planeamiento 2000".

El control del urbanismo municipal sirvió para que Roca "se lucrara personalmente y a su través los responsables municipales, obteniendo importantes beneficios a costa de los intereses públicos", dice la fiscal; contexto "patológicamente anómalo", que fue "el caldo de cultivo" de los contactos existentes entre Roca y los acusados que representaban a Malibú y By The Sea sobre este proyecto.

Esa intervención en las negociaciones de los convenios, así como en la agilización de los trámites necesarios para la obtención de la licencia de obras y aprobación del estudio de detalle, "se debía no a las propias de su cargo, sino al apartamento que aquéllos habían prometido regalarle", que se articuló mediante una compraventa ficticia.

Por otro lado, se señala, según los informes de los peritos de la Agencia Tributaria, que el resultado de la explotación de la promoción fueron de más de 53 millones de euros de beneficios, "que debieron tributar". Estos elevados ingresos "suponían una enorme carga fiscal".

Por eso, los acusados vinculados con las sociedades "idearon un mecanismo defraudatorio que permitiera a la obligada tributaria evadir el pago de impuestos, además de colocar sus ingresos fuera del país a disposición de los mismos". Entre estos mecanismos están contratos de futuros ficticios y en todo este operativo se utilizaron sociedades instrumentales radicadas, algunas de ellas, en países como Panamá o Uruguay.