Sin embargo, los grupos de la oposición no leen la sentencia de la misma manera que la Xunta y consideran que los contratos tienen que empezar a contar desde el momento en que se hace la encomienda de gestión, como incidió Antón Sánchez (AGE). Por su parte, Chelo Martínez (Grupo Mixto), acusó a la Xunta de no cumplir el fallo y de hacer prevalecer la "precariedad laboral".

La sentencia judicial con fecha del 14 de junio, que fue leída por los dos diputados, obliga, además, a pagar a los trabajadores de Seaga por 35 días que faltaron del año 2015. Según explicó el sindicato que ganó la sentencia, CIG, los trabajadores empezaron a trabajar 20 días más tarde de la encomienda de la Xunta y se adelantó la finalización 15 días.

Concretamente, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaró el derecho del personal con contrato indefinido discontinuo de la empresa pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga) a que sus periodos de actividad coincidan, "cuando menos", con los periodos en los cuales se encuentre vigente la orden de ejecución de las encomiendas administrativas suscritas por la empresa con la Consellería competente de la Xunta, en lo referente a la prevención y extinción de indecisos en los periodos de peligro alto.

La conselleira de Medio Rural defendió la legalidad de iniciar los contratos el 13 de julio de este año, como así avanzó, pese a que la encomienda de gestión se hará este jueves y reprochó que la "precariedad" laboral de los trabajadores de Seaga la había "en épocas anteriores", en referencia al bipartito.

"NO EXISTE FRAGMENTACIÓN"

En respuesta a la diputada del BNG Tereixa Paz, la conselleira de Medio Rural defendió que el dispositivo de lucha contra incendios "no existe ninguna fragmentación" y se "fundamenta en el principio de mando único".

La parlamentaria nacionalista, por su parte, se preguntó que, si se necesitan 2.000 brigadistas, por qué a Seaga se le encomienda sólo la contratación de 500 personas y el resto vayan para brigadas municipales, lo que considera un "chiringuito" para "pagar favores a los alcaldes y que hagan lo que les parezca" con este dispositivo.

La conselleira ha defendido que en la empresa pública se "cubren el 100 por cien de las vacantes" y ha expresado que "ojalá fuesen 1.800" los contratados y no unos 200 fijos.

Además, ha apuntado que se comenzó el proceso de contratación de helicópteros, y después de dos convocatorias desiertas, ya hay 13 contratados, tres en concurso y uno más de coordinación, a lo que hay que sumar los medios del Ministerio de Agricultura y los dos aviones anfibios y las 32 brigadas helitransportadas.

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