Tanto la acusación pública como las dos particulares, en representación de las dos víctimas, han hecho causa común durante la audiencia preliminar celebrada este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 1 de Medina y, amén de pedir la apertura de juicio por el procedimiento de la ley de jurado por los dos asesinatos, han solicitado que los tres principales inculpados, el matrimonio de Arévalo (Ávila) compuesto por Manuel M.M. y María Vicenta P.P. y el vecino de Madrid Antonio Adrián B.R, permanezcan en prisión. Un cuarto, Pablo A.L, acusado de encubrimiento, se encuentra en libertad provisional.

Los acusadores, a su vez, han pedido a la juez el sobreseimiento para el quinto de los imputados, Ramón F.G, al entender que no existen pruebas de que al comprar el arma utilizada en el crimen estuviera al tanto del uso que se le había dado y por tanto cometiera delito de encubrimiento, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

LAS DEFENSAS PIDEN EL SOBRESEIMIENTO

Por contra, las defensas han solicitado el sobreseimiento de las actuaciones contra todos ellos y, en consecuencia, la puesta inmediata en libertad de los tres que continúan en prisión.

La decisión de la instructora, a través del correspondiente auto, se conocerá este jueves, si bien todo apunta a que los encarcelados permanecerán en idéntica situación y que el quinto imputado, Ramón F.G, será exculpado del procedimiento.

Tanto el fiscal como las dos acusaciones particulares coinciden en la calificación jurídica de los hechos-consideran que ambas muertes constituyen delito de asesinato-y en la petición de pena para los encausados, en concreto 20 años de prisión por cada muerte y otros dos más por tenencia ilícita de armas para el matrimonio compuesto por Manuel M.M. y María Vicenta P.P. y el vecino de Madrid Antonio Adrián B.R, con lo que cada uno de ellos podría ser condenado a un total de 42 años de privación de libertad, mientras que para el cuarto, Pablo A.L, interesan dos años por encubrimiento.

En concepto de responsabilidad civil, el fiscal solicita que los tres primeros acusados indemnicen a cada una de las tres hijas del hostelero fallecido con 75.000 euros y con otros 50.000 a su viuda, así como con otros 75.000 a cada uno de los dos hijos de la camarera rumana que encontró la muerte dentro del club.

Por su parte, el letrado del hostelero reclama 90.000 euros de indemnización para cada uno de sus tres hijos y su esposa, así como otros 50.000 por daños y perjuicios, mientras que la representación legal de la camarera interesa 70.000 euros para la madre y 90.000 para cada uno de los dos hijos menores de la fallecida.

UNA DEUDA, POSIBLEMENTE POR DROGAS

Una deuda, presumiblemente por asunto de drogas, es el móvil barajado para explicar por qué Manuel M.M, de 47 años, y su esposa, Vicenta P.P, de 39, decidieron saldar la disputa económica por la tremenda.

Para ello, siempre según los acusadores, el primero contactó en septiembre de 2014 con su amigo Antonio Adrián B.R, de 26 años y residente por aquel entonces en un piso en Madrid que compartía con el cuarto imputado, el joven de 23 años Pablo A.L, con el fin de que le suministrase una pistola y le ayudara a cobrar una deuda.

Fue el día 5 de octubre de ese año cuando el matrimonio arevalense se trasladó hasta la capital de España y, gracias a la intermediación de Antonio Adrián B.R, logró adquirir a un individuo en Fuenlabrada una pistola 'Walter', junto con cinco o seis balas, tras desembolsar un total de 1.300 euros.

Provistos ya del arma, la pareja y Antonio Adrián se dirigieron hasta el término vallisoletano de Medina del Campo para saldar deudas con Mariano Esteban G, titular de 'Las Vegas', un pequeño burdel situado en la antigua N-VI, anteriormente conocido como 'Los Negrillos' y ahora 'Chapó'.

Aparcaron el turismo a la puerta sobre las 20.30 horas y quedó únicamente en su interior, en actitud de espera, María Vicenta, mientras su esposo y el amigo de éste entraban en el local en el que se encontraban en ese momento el hostelero y cuatro camareras o trabajadoras.

ALCANZADOS EN LA CABEZA

Tras solicitar ambos una consumición y después de una breve conversación, Manuel M.M. sacó el arma y disparó, presuntamente, al dueño del local, quien fue alcanzado en la espalda al darse la vuelta en su intento desesperado de huir y antes de que acabara tendido en el suelo boca abajo.

Tres de las camareras huyeron despavoridas hacia un descampado próximo, si bien una cuarta, Laura M.A, fue alcanzada también con un disparo en el hombro izquierdo. Trató de recular hacia una esquina del local y en vano se tapó la cara con las manos, ya que su presunto verdugo le descerrajó entonces otro tiro que atravesó sus dedos y le dio de lleno en plena frente, con lo que la muerte fue en el acto.

Acto seguido, las acusaciones sostienen que Manuel M.M. se acercó al lugar donde aún yacía herido el hostelero y le pegó otro tiro en la cabeza, mortal de necesidad.

Consumado el doble homicidio, la pareja y su supuesto ayudante huyeron en coche hasta Madrid y una vez allí los primeros encargaron a su compañero de viaje que se deshiciera del arma, encargo que este último cumplió a rajatabla gracias a la mediación de su compañero de piso en la capital de España, Pablo A.L, quien, pese a ser informado de todo cuanto había ocurrido en Medina, le habría puesto en contacto con la persona que a la postre recompró el arma homicida, Ramón F.G, para quien las acusaciones han pedido el sobreseimiento.

Se da la circunstancia de que dos de los acusados, Manuel M.M. y Antonio Adrián B.R, cuentan con antecedentes, el primero por tenencia ilícita de armas, robo y tráfico de drogas y el segundo por estafa, robo y violencia de género.

Seis días después del trágico suceso, Adrián A.B. fue detenido en la localidad extremeña de Cáceres y su testimonio dio lugar a la posterior detención del matrimonio residente en Arévalo.