El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, junto a los cuatro socios del Ejecutivo, ha presentado este martes una proposición de ley para "hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada para la ciudadanía navarra", fomentando el alquiler protegido y la rehabilitación.

El texto será defendido en el Parlamento por los cuatro grupos que suscribieron el acuerdo programático del Gobierno foral y se ha optado por una proposición de ley, y no por un proyecto de ley del Ejecutivo, para "acelerar" su tramitación. El consejero ha avanzado que se prevé que la iniciativa pueda ser aprobada por el Parlamento entre los meses de septiembre u octubre.

La proposición de ley, en cuya elaboración ha participado también el Servicio de Vivienda del Departamento de Derechos Sociales, pretende modificar la actual legislación con el fin de promover el derecho a una vivienda digna a todas las personas; impulsar el alquiler protegido a través de un descenso de los precios y la promoción de nueva vivienda; y facilitar otras actuaciones como la rehabilitación de edificios, flexibilizando los requisitos para acceder a ayudas o mejorando las subvenciones entre otras cuestiones.

Otras medidas que se contemplan son estimular la promoción de nuevas viviendas a través de cooperativas, regular una nueva fórmula de tenencia como es la "cesión en uso", favorecer la participación pública en el diseño de las políticas de vivienda y mejorar la eficiencia energética de los inmuebles.

Laparra, que ha comparecido junto a Isabel Aramburu, de Geroa Bai; Asun Fernández de Garayalde, de EH Bildu; Mikel Buil, de Podemos; y José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, ha destacado que la proposición de ley supone una modificación "muy notable" de la política de vivienda y ha puesto en valor la "colaboración sólida" del cuatripartito, que "goza de buena salud y avanza en el desarrollo del acuerdo programático".

En opinión del vicepresidente, "esta nueva ley foral de vivienda está centrada muy claramente en un nuevo paradigma, orientado específicamente a satisfacer las necesidades de vivienda de toda la ciudadanía". "Es un cambio que pretende huir del modelo de la burbuja inmobiliaria y transitar hacia un modelo de política social de vivienda", ha resaltado.

Según ha detallado el consejero, la modificación de esta ley foral supone un impacto económico estimado, a partir de la previsión de actuaciones que puedan ser subvencionables, de 10,3 millones de euros en términos anuales para los próximos tres años 2017-2019, lo que supone "más de 31 millones para todo el periodo".

En términos de empleo, ha precisado que son aproximadamente unos 500 empleos anuales debido a la promoción de vivienda nueva, y hasta 1.300 empleos anuales por las obras de rehabilitación. "En total estamos hablando de un impacto anual de 1.800 empleos en el sector de la construcción, que son inmensamente necesarios", ha remarcado.

NOVEDADES EN LA LEY

En concreto, uno de los objetivos del texto es facilitar el derecho a la vivienda a toda la ciudadanía de Navarra impulsando de "manera decidida" la promoción de vivienda en alquiler protegido y una "bajada significativa" de los precios.

En cuanto al fomento del alquiler protegido, la proposición de ley prevé un descenso de las rentas de entre un 8,05% y un 14,67% respecto a los precios de 2015. Estas cuantías, que estarán congeladas durante 2017, se actualizarían conforme al IPC.

Así, el precio inicial máximo de renta aplicable a los nuevos contratos de arrendamiento de viviendas protegidas será en la Comarca de Pamplona de 5,40 euros el m2 útil de vivienda, de 60 euros para la totalidad de la superficie de garaje y de 2 euros el m2 útil de trastero y resto de anejos. En el resto de localidades navarras, el precio máximo de alquiler será de 5,10 el m2 útil de vivienda, y se mantienen las mismas cantidades para el garaje y trasteros.

Igualmente, la nueva ley contempla subvenciones de entre un 23 y un 30% para la promoción de viviendas nuevas en alquiler protegido, y se prevén subvenciones del 50% para las entidades locales que rehabiliten sus viviendas vacías para destinarlas al alquiler.

El texto también establece obligaciones para los arrendadores de vivienda protegida sobre la información que deben proporcionar a los y las inquilinas de los gastos de comunidad o similares. Otra medida propuesta es facilitar que una vivienda pueda continuar siendo destinada al alquiler protegido aun cuando haya concluido el plazo de protección para el que fue calificada.

El conjunto de actuaciones en el ámbito del alquiler que contempla el nuevo Programa de Vivienda y esta ley, prevé que en los próximos cinco años se pueda ampliar en 1.600 viviendas el parque de alquiler protegido.

IMPULSO DE LA REHABILITACIÓN

El texto presentado por el vicepresidente Laparra también pretende dar un impulso a la rehabilitación protegida de edificios y viviendas, incrementando las ayudas destinadas al efecto, de entre un 5% y un 40% según los casos. Asimismo, se prevé suprimir el requisito de no disponer de otra vivienda para acceder a las ayudas por rehabilitación y mejorar las cuantías de las ayudas.

También plantea mejorar las subvenciones dirigidas a determinados colectivos como mayores de 65 años y jóvenes, especialmente, además de personas con discapacidad motriz grave, familias numerosas, víctimas de violencia de género y víctimas de terrorismo.

Igualmente, propone disminuir la cantidad mínima que se debe gastar en las obras para que puedan ser subvencionables, y establecer una línea de ayudas específicas para dotar de condiciones adecuadas a los inmuebles adquiridos bajo el programa de vivienda de integración social o que sean propiedad de familias perceptoras de la renta de inclusión social.

Además, se prevén otras modificaciones como ampliar a 120 metros cuadrados la superficie máxima de las viviendas rehabilitadas que se creen por adición o división de las existentes.

CREACIÓN DE COOPERATIVAS Y NUEVO RÉGIMEN DE 'CESIÓN EN USO'

Por otro lado, la proposición de ley contempla la constitución de cooperativas de personas empadronadas en un municipio durante al menos el último año para promover viviendas protegidas, que no serían adjudicadas a través del censo único de solicitantes, siempre que se construyan en localidades de menos de 10.000 habitantes situadas fuera de la Comarca de Pamplona.

Otra novedad es la promoción de viviendas de protección oficial por asociaciones sin ánimo de lucro en régimen de cesión de uso. La propiedad del inmueble recaería de modo indefinido en la asociación y sus personas asociadas tendrían un derecho de uso indefinido, transmisible en caso de fallecimiento. Sería necesario aportar una cuota de entrada y pagar un canon mensual. La duración del régimen de protección será indefinida y tampoco será necesaria la adjudicación de las viviendas a través del censo único.

Por otra parte, el texto prevé la elaboración, con participación pública, de un plan de vivienda de Navarra y la creación del Consejo de la Vivienda de Navarra, un órgano consultivo en el que tomarán parte las principales empresas y asociaciones del sector.

Finalmente, la ley contempla una serie de medidas que van dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda a colectivos vulnerables, como otorgar más puntos en el baremo a las personas que han sufrido desahucios, o la posibilidad de ceder viviendas a entidades locales o sin ánimo de lucro para atender las necesidades que puedan surgir.