En febrero, el pleno aprobó una moción de IU-CA, apoyada por PSOE, Ciudadanos y Participa y que contó con la abstención del PP, que implicaba la adhesión de la institución provincial a la causa instruida por la magistrada argentina María Servini desde el Juzgado número uno de Buenos Aires, para enjuiciar por la comisión de delitos de genocidio y lesa humanidad al franquismo y a sus responsables vivos, entre ellos Utrera Molina.

En paralelo, el acuerdo implicaba revocar el acuerdo de 1979 mediante el que la Diputación concedía su medalla de oro "al exgobernador civil y exministro de diferentes gobiernos de la dictadura, así como encausado en la citada querella, José Utrera Molina, en base a la imputación que pesa sobre él".

Utrera Molina, de su lado, recurrió la revocación de esta medalla ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Sevilla, por lo que el pleno de la Diputación ratificó, con la única abstención del PP, una resolución de la Presidencia de la institución provincial, recogida por Europa Press, que determina la personación de la entidad en las actuaciones judiciales para "oponerse a las pretensiones deducidas por el actor".

A tal efecto, Julián Moreno recuerda que el auto de la jueza argentina "recoge los testimonios de Mercedes Puig, que acusa a Utrera Molina y a otros exministros franquistas de convalidar con su firma la sentencia de muerte de su hermano", Salvador Puig, ejecutado a garrote vil el 2 de marzo de 1974. Mercedes Puig, según Moreno, defiende la inocencia de su hermano y señala en su declaración que su hermano fue usado como "chivo expiatorio", tras el atentado de Carrero Blanco.

El portavoz de Participa Sevilla entiende que "al mismo tiempo que el Ayuntamiento de Sevilla aprobó en abril retirar la calle al exministro franquista, en Diputación se hizo lo mismo, retirar honores a un cómplice manifiesto de la dictadura y de la represión. Espero por lo tanto que el PSOE y Fernando Rodríguez Villalobos sean coherentes con la defensa de la memoria histórica y democrática y no se echen atrás de la decisión tomada en febrero".