Así lo han indicado a Europa Press fuentes del caso, que han explicado que el juicio no ha podido comenzar este jueves hasta pasadas las 12,30 horas, cuando estaba previsto que se iniciara a las 9,30 horas, debido a un retraso en el traslado desde la cárcel a la Audiencia del exalcalde algabeño.

De esta manera, a lo largo de la jornada han prestado declaración testigos que quedaban pendientes de que se les tomara testimonio, si bien aún queda uno más antes de que las partes -la Fiscalía, la acusación particular y las defensas de los acusados- puedan exponer sus informes finales y conclusiones, algo que está previsto que se lleve a cabo en la sesión del día 30.

En su escrito de acusación inicial, la Fiscalía, en este asunto, pedía para el exalcalde, ya condenado por cohecho y prevaricación por casos diferentes, un total de ocho años de cárcel y 20 años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de malversación de caudales públicos, así como 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito también continuado de prevaricación.

Asimismo, el fiscal solicitaba cinco años de cárcel y 15 de inhabilitación absoluta por el delito de malversación y otros nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público para los exconcejales de Deportes, Manuel Ortega; de Medio Ambiente, Antonio Miguel Gutiérrez, y de Fiestas, Juan Francisco Calderón, a los que consideraba cooperadores necesarios.

De igual modo, solicitaba que todos los acusados indemnicen de manera conjunta al Ayuntamiento de La Algaba con 257.577,87 euros en concepto de perjuicios irrogados al Consistorio "con su ilícito proceder".

El Ministerio Público aseveraba que, en el periodo en el que ostentaron el poder en el Ayuntamiento, los acusados "se dedicaron, prescindiendo de las más elementales normas de procedimiento y pese a conocer el carácter vinculante de las mismas, a suscribir contratos de obras y/o servicios en muchas ocasiones sin el preceptivo expediente de licitación pública" y "en muchas ocasiones sin la necesaria consignación presupuestaria".

Según el fiscal, algunas de las facturas "obedecieron a trabajos para los que el Ayuntamiento contaba con personal propio o concierto de colaboración con otras entidades, con lo que no procedía contratación de terceros", a lo que añade que "parte de la facturación" respondió a trabajos "inexistentes, indicando conceptos ambiguos e insuficientes para determinar la naturaleza de la obra, lo cual ha desembocado en la imposibilidad de acreditar con certeza la realidad de los trabajos prestados".

El fiscal precisaba, en un escrito de acusación consultado por Europa Press, que cada una de las facturas "controvertidas" contaban "con el visto bueno del respectivo concejal", de manera que los acusados, "pese a conocer de las irregularidades en la contratación, no tuvieron reparo en refrendar el negocio estampando visado y firma en las facturas que se iban presentando".