Según han informado a Europa Press fuentes de Medio Ambiente, el inicio del citado expediente, cuya conclusión en sanción está por determinar, se ha producido a raíz de la citada denuncia de Agreca, que también la presentó ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y el Ayuntamiento pontanés.

Según ha informado ya Agreca, el mencionado vertedero es la consecuencia de "la práctica ilegal de almacenaje de residuos, principalmente pertenecientes a la construcción y demolición, así como lo irregular del tratamiento de los mismos mediante equipos móviles".

A juicio de Agreca, "la actividad que se realiza en la instalación es constitutiva de delito, por incumplir el Decreto del Gobierno andaluz, del 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Ley del Parlamento Andaluz 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de Calidad Ambiental y, particularmente, el Real Decreto 105/2008 de 1 Feb, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición".

Además, considera que "se vulnera lo dispuesto en la normativa específica sobre otros sectores ambientales, tales como suelos contaminados, flora y fauna, impacto ambiental, recursos hídricos y contaminación del aire"; todo ello "unido al hecho de quebrantar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía". Asimismo, Agreca cree que las actividades "pueden ser constitutivas de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente".

En definitiva, la asociación ha reclamado "la eliminación de vertederos ilegales y la restauración ambiental de la zona", además del "traslado de los residuos para su valorización a una planta de reciclaje de RCD autorizada".

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