Los responsables de Memoria de Mallorca, su presidenta Maria Antònia Oliver y Peter de Echave, han entregado a los titulares de la Conselleria un informe sobre la fosa común de Porreres, situada dentro del recinto del cementerio municipal, así como un informe arqueológico y forense sobre el proyecto de exhumación, total o parcial, que incluye el coste de todo el proceso de exhumación y la relación de víctimas que están enterradas, más de un centenar, entre quienes se encuentra la política comunista Aurora Picornell.

La reunión supone el primer paso, una vez aprobada la Ley, para la creación de la comisión técnica por parte del departamento competente, en este caso, la Conselleria de Transparencia y su Dirección General de Cultura, "para avanzar lo antes posible para proceder a abrir la primera fosa, la de Porreres", según han puesto de manifiesto.

En concreto, la comisión técnica debe elaborar, con las administraciones e instituciones y entidades privadas, el censo de personas desaparecidas, velar por la protección de los datos personales incluidos, elaborar el mapa de fosas de Baleares y ponerlo a disposición pública y del ministerio competente, así como anualmente actualizarlo.

Este órgano técnico también debe organizar y coordinar un plan anual de señalización, prospección e intervención de las fosas, y elaborará tanto informes preceptivos sobre la viabilidad de la exhumación de las fosas como un protocolo específico de actuación en las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil en las islas.

La comisión también deberá dirigir las intervenciones en las fosas, en colaboración con los Consells Insulars y ayuntamientos, así como garantizar la custodia de los restos encontrados y coordinar y responsabilizarse de la devolución de los restos identificados a las familias de desaparecidos y, asimismo, del destino de los restos no identificados o no reclamados por ningún familiar.

Tal y como ha explicado durante el acto, la comisión técnica también debe vigilar por la incoación de expedientes sancionadores por parte de los consejos insulares contra los responsables de infracciones contra las fosas que estén protegidas como bienes de interés cultural o catalogados; una declaración que deberá hacerse en un plazo de seis meses, una vez localizada la fosa sobre el terreno o una vez finalizada la intervención, y tomando en consideración el informe correspondiente de la comisión técnica.

La comisión estará formada por un representante de la Conselleria, uno por cada Consell, cinco profesionales y académicos en arqueología, antropología física, medicina forense, historia contemporánea y derecho, dos representantes de cada entidad que tenga como finalidad estatutaria el desarrollo de las actividades reguladas por esta ley y, en último término, dos representantes de la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (Felib).

En el plazo de un mes a partir de su constitución, la comisión técnica elaborará su propio reglamento y anualmente deberá elaborar una memoria de actividades que entregará al Parlament y a la Presidencia de la comunidad autónoma.