En concreto, la titular del Juzgado, Miriam Marín García, estima que Valcárcel "podría haber recibido los emolumentos a través de su hija o de su cuñado Juan Francisco Cruz Alfaro, socio de Faromur", según el auto al que ha tenido acceso europa Press.

Entre los indicios de la posible percepción de beneficios económicos presuntamente ilícitos por parte de personas que participaron en las decisiones adoptadas en la tramitación del proyecto Novo Carthago, la jueza cita la constatación de ventas de Hansa Urbana a bajo precio al cuñado de Valcárcel, Juan Francisco Cruz Alfaro, a través de la empresa Promociones FAROMUR.

Otro indicio, según la jueza, es la "anómala" contratación de la hija de Valcárcel, María Rosario Valcárcel, por el despacho de Abogados Syquej de Sevilla, algo que el instructor del Tribunal Superior de Justicia, Manuel Abadía, ya constató al investigar el entorno familiar de Valcárcel, actual eurodiputado y vicepresidente del Parlamento Europeo, así como sobre el viaje de novios de su hija y su yerno, Fulgencio Perán.

A su juicio, resulta "necesario y útil" para la presente instrucción el acordar nuevamente la diligencia de investigación consistente en requerir la información y el análisis de las cuentas de Perán y Valcárcel referentes al año 2007, pues de lo actuado en la causa "consta que el gerente de Hansa Urbana, Rafael Galea, asistió al enlace pero se desconoce cuál fue el regalo que les hizo a los novios, pues no lo recuerdan".

En relación a Rosario Valcárcel, la jueza estima "anómala" la contratación que se le hizo en los años 2006 y 2007 por el despacho de abogados SYJEQ de Jerez de la Frontera (Cádiz) cuando la misma era la única empleada que no residía en Andalucía, y "tenía un sueldo por encima de la media de los otros trece que trabajaban para el despacho".

Además, "a priori", la hija de Valcárcel "no reportaba utilidad a la empresa, pues no conocía personas físicas o jurídicas de Sevilla o Cádiz que pudiera aportar como potenciales clientes". Las razones o motivos que llevaron a su contratación, según la magistrada, "no fueron desveladas por el administrador más antiguo de Syjeq en su declaración

judicial".

Recuerda que en un informe de la Agencia Tributaria se constata que Hansa Urbana era un buen cliente de SYJEQ y que, de hecho, en el año 2005, el porcentaje de facturación a esta empresa fue de un 43,08 por ciento. Por ello, considera "posible que la contratación de la señora Valcárcel por parte de SYJEQ hubiese sido promovida por Hansa para encubrir una dádiva hacia la familia Valcárcel".

Entre otros indicios, la jueza cita también la acreditación del pago de elevadas comisiones, a través de la entidad Priemu Inversiones 2002 SL, al ex Alcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa (1.629.801,21euros) y al ex concejal del Ayuntamiento de Cartagena Juan Martínez Garcia (745.208,48 euros).

Otro indicio, según la magistrada, es la comprobación de que el entonces consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, no ha reiterado durante más de diez años dinero de sus cuentas bancarias para atender los gastos cotidianos.

La primera finca que adquirió Hansa Urbana para el proyecto estaba incluida en el Espacio Natural Protegido clasificada como no urbanizable de protección en el PGOU de Cartagena. La posibilidad de su reclasificación y la autorización del uso deportivo "se aceptó en el reinicio del PORN el 12 de junio de 2003", según la magistrada, quien sostiene que esa modificación "se considera indiciariamente delictiva, pues los cambios con respecto al texto anterior se hicieron por los entonces director general del Medio Natural, y el consejero Antonio Cerdá sin los informes de los servicios técnicos competentes".

En mayo o junio de 2004, la jueza recuerda que Cerdá se reunió con funcionarios de la Comunidad y con un representante de Hansa Urbana y, según declararon algunos de los técnicos, el consejero "defendió el

proyecto urbanístico pese a las dudas existentes en el funcionariado técnico". El hecho de que esta reunión se celebrase en el Palacio de San Esteban, añade la magistrada, "constituye un indicio de que Valcárcel, como presidente de la CARM, respaldaba el proyecto".

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