Las pesquisas habían arrancado a principios de 2010 y a finales de 2011 aparecía el nombre de la Infanta Cristina en el foco de las mismas, prácticamente desde el momento en que la Fiscalía Anticorrupción apuntase a Aizoon, de la que la exduquesa era socia junto a su marido, Iñaki Urdangarin, como una de las empresas 'pantalla' que integraban el entramado societario urdido por éste y su exsocio Diego Torres para apoderarse del dinero público.

El hecho de que la hermana del Rey Felipe VI figurase como vocal en el Consejo de Administración del Instituto Nóos y como socia al 50 por ciento de Aizoon comenzó a suscitar las sospechas de los investigadores en torno a hasta qué punto la acusada era conocedora de las actividades supuestamente irregulares desplegadas por Urdangarin y Torres.

Cuando a principios de 2006 el diputado socialista Antoni Diéguez preguntaba en el Parlament balear sobre el destino que dio Nóos a los 1,2 millones de euros que cobró del Govern de Jaume Matas por el foro sobre turismo y deporte celebrado pocos meses antes en Palma, nada hacía presagiar que de la supuesta defraudación investigada en el marco de estas jornadas afloraría un rosario de presuntas irregularidades en torno a la gestión del Instituto. Y que el nombre de la Infanta estuviera tan presente.

No fueron pocos los vaivenes de la causa. De hecho, Cristina de Borbón fue imputada hasta en dos ocasiones, la primera de las cuales revocó la Audiencia Provincial de Baleares por considerar que la exduquesa no intervino en el entramado pese a ser vocal del Instituto Nóos, y la segunda -y que posteriormente le llevaría al banquillo- por presuntamente haber cooperado con su marido en defraudar a Hacienda a través de Aizoon. Manos Limpias pide para ella ocho años de cárcel.

Con el único apoyo del sindicato, se llevó a cabo durante la instrucción de la causa una intensa investigación que, a lo largo de ocho meses, conllevó el rastreo de todas las cuentas corrientes de la Infanta, de todos sus bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos, tanto a nivel nacional como internacional, con la solicitud de numerosos informes a la Agencia Tributaria, al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y a registros de la propiedad.

El pasado 11 de enero, la vista oral se inició con tensión: la defensa de la Infanta solicitaba que le fuese aplicada a su patrocinada la "jurisprudencia consolidada" del Tribunal Supremo en torno a la denominada doctrina Botín, al considerar que la hermana del Rey Felipe VI no debía ser juzgada con la sola acusación de Manos Limpias -ni la Fiscalía Anticorrupción ni Hacienda presentan cargos contra ella-.

El fiscal Pedro Horrach se unía a estas pretensiones, abundando en que "la única respuesta judicial posible" para la Infanta era el archivo de su imputación. Alegaba que "la Fiscalía, que representa al Estado, y Hacienda, aquí supuestamente perjudicada, han determinado que no hay hechos que la inculpen". Por ello, sostenía, "no es posible orillar" la aplicación de la Ley en este sentido "amparándonos en la manida frase 'Hacienda somos todos'".

Dieciocho días después, el tribunal encargado de juzgar la causa decretaba, mediante un auto de 85 páginas, que doña Cristina debía continuar en el banquillo, llegando en su resolución a cuestionar de forma tajante la tesis mantenida por el TS sobre la doctrina Botín. A su juicio, ésta "no halla sustento en la norma procesal penal vigente ni puede ampararse en la voluntad del legislador" dirigida a garantizar que toda persona pueda ser parte en un proceso judicial.

CRÍTICA A LA DOCTRINA BOTÍN

Las magistradas rechazaban de este modo el "espíritu" de la anterior doctrina y aseveraban que, "de haber querido", se hubieran contemplado otras limitaciones al ejercicio de la acción popular.

A partir de ese momento, la vista oral continuó sus trámites con el interrogatorio de los 17 inculpados -la Infanta, Urdangarin, Torres, la mujer de éste, Ana María Tejeiro, el excontable del Instituto Nóos Marco Antonio Tejeiro, cinco exaltos cargos de Baleares (entre ellos Matas), otros cinco de la Comunidad Valenciana, la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen y el asesor Salvador Trinxet-, varios de los cuales admitieron su intervención en los hechos.

La exduquesa de Palma no se incluía entre ellos: negó haber participado en la gestión diaria de Aizoon y por tanto conocer si su marido pudo cometer dos delitos fiscales a través de la empresa. Urdangarin habría defraudado hasta un total de 326.925 euros a Hacienda en 2007 y 2008 al facturar a través de la mercantil las retribuciones procedentes de entidades privadas por su condición de consejero asesor y que debía haber tributado en el IRPF.

GALLARDÓN, CAMPS Y BARBERÁ, ENTRE LOS TESTIGOS

Semanas después, los testigos tomaron la palabra. Desfilaron ante el tribunal, entre otros, el exministro de Justicia y exalcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón, el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, la exalcaldesa de Valencia Rita Barberà, el eurodiputado y exvicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, y varios exmiembros de la Casa Real.

Entre estos se encontraban el exasesor externo de la Casa Real y conde de Fontao, José Manuel Romero, el exconsejero personal del Rey don Juan Carlos Fernando de Almansa, el exsecretario personal de las Infantas Carlos García Revenga, y el exjefe de la Casa Real Alberto Aza.

La intervención de varios peritos de Hacienda fue perfilando, ya en la recta final del juicio, lo que fue el entramado liderado por Urdangarin y Torres. Según los inspectores, las entidades que integraban el grupo, controladas todas ellas por ambos exsocios, fueron "meros instrumentos para drenar y distribuir los recursos obtenidos por medio de la marca Nóos entre sus dos propietarios y dirigentes". La Agencia Tributaria llega a calificar la trama como un "puro andamiaje jurídico formal".

CONTROL POR PARTE DE LA CASA REAL

Las defensas de Urdangarin y Torres han defendido a lo largo de estos últimos días la actuación de sus patrocinados. En el caso del segundo, alega que el control de la Casa Real era tal que "no se hacía nada sin que se obtuviera" su "autorización, habilitación y bendición". La de la Infanta, por su parte, mantiene incólumes sus argumentos: Cristina de Borbón firmaba "sin pedir explicaciones".

Es más, el letrado Pau Molins, uno de los letrados que integran su equipo de defensa, considera "injusto" que "se haya propagado el mensaje" de que la exduquesa "ha gozado de privilegios y tratos de favor en este procedimiento [en referencia al caso Nóos], cuando ocurre exactamente todo lo contrario: es la primera vez en la historia de la justicia española que se sienta en el banquillo un socio no administrador por delito fiscal".

Ninguno de los 17 acusados ha hecho uso este miércoles de su derecho a la última palabra e inmediatamente después la presidenta del tribunal, Samantha Romero, ha dado por concluido el juicio. Se espera que a partir de finales de año la Audiencia dicte sentencia.