Así lo ha explicado en declaraciones a los periodistas, apuntando que "como era el alcalde, tenía que firmar el decreto de adjudicación", aunque ha asegurado que le ha dicho a la jueza, ante la que ha declarado poco tiempo, que ese dictamen venía avalado por la firma de los responsables de la Asesoría Jurídica, de Recaudación y del interventor.

"Cuando el órgano competencial oportuno dice que el alcalde debe firmar una adjudicación, la tiene que firma, porque así lo dice la Ley General Tributaria", ha señalado Nozal, quien ha añadido que "cuando un alcalde o concejal con delegación se opone a los dictámenes de los funcionarios públicos está cometiendo un delito de prevaricación".

Asimismo, ha incidido en que "las subastas no terminan cuando el alcalde firma el decreto, toda persona tiene posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo en los juzgados ordinarios y también luego otro de apelación", apuntando que "lo que ha ocurrido es que estos señores no ejercieron esta posibilidad y prefirieron parar el proceso con una denuncia por una ilegalidad que tendrán que demostrar".

Así, ha dicho no entender "por qué no han utilizado ese sistema y han empezado a denunciar a funcionarios y a alcaldes", precisando que "conozco a los funcionarios que han intervenido y, sólo pongo la mano en el fuego por mí, pero dudo que hayan incumplido la Ley General Tributaria y la Ley de Haciendas Locales".

Al respecto, ha insistido en que la ley española, que "es muy proteccionista", permite, "caso de que se hayan equivocado los funcionarios o que crean que el procedimiento ha sido irregular", la vía del contencioso y, posteriormente, la apelación.

Ha señalado que esta causa en lo que se refiere a él, "firmando un decreto que me piden cuatro funcionarios y habilitados nacionales, no se archiva, me quedaría tremendamente sorprendido", pero ha dicho que será la jueza la que determinará si va a llamar a más personas a declarar, si lo archiva o si procesa a alguno o a todos.

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